2 liberados por "falta de mérito", 5 procesados y los trabajadores en el limbo

La causa Exen tuvo en las últimas horas una de sus principales definiciones judiciales. La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó a cinco de los siete imputados por presunto lavado de activos agravado por habitualidad y dispuso embargos que, en conjunto, superan los $26.000 millones. Al mismo tiempo, dictó la falta de mérito para otros dos acusados, aunque aclaró que la medida no implica el cierre de la investigación respecto de ellos.

Los procesados son Federico Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim, considerados por la Justicia como presuntos coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad. En tanto, Jorge César Alberto Vargas fue procesado como supuesto partícipe necesario. Los tres hombres deberán permanecer alojados en una unidad penitenciaria federal, mientras que Canal y Vargas cumplirán la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, con distintas medidas de control.

¿Quiénes fueron liberados?

La resolución judicial también alcanzó a Yamil Gabriel Gane, empresario correntino que había sido detenido durante los allanamientos del 7 de agosto, y Raquel Edith Bohacek, quien se desempeñaba como gerenta de una de las sucursales de Exen en Pampa del Infierno. Ambos recibieron falta de mérito.

En el caso de Gane, la jueza ordenó su inmediata libertad. Bohacek continuará también en libertad. Sin embargo, ninguno quedó desvinculado de la causa: ambos deberán mantener actualizado su domicilio y presentarse ante la Justicia cuando sean citados. La falta de mérito significa que, en esta instancia, no se reunieron elementos suficientes para procesarlos ni tampoco para dictar su sobreseimiento.

La nueva detención que amplió la causa

El expediente había comenzado con tres detenidos durante el megaoperativo del 7 de agosto: Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. Ese mismo día, la investigación estableció que otros dos imputados se encontraban fuera del país y la Fiscalía avanzó con pedidos de captura internacional.

Días después se produjo una nueva instancia clave. María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canalse presentaron voluntariamente ante Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda. Al ser identificados, surgió que ambos tenían alertas rojas de Interpol y pedidos de detención emitidos por la Justicia Federal de Resistencia, por lo que quedaron arrestados y a disposición del expediente. Con esas detenciones, la Justicia logró completar el esquema de siete imputados que inicialmente había quedado dividido entre cinco personas detenidas y dos que permanecían en libertad.

Cómo comenzó la investigación

La investigación se inició formalmente el 29 de diciembre de 2025, a partir de información aportada por una persona que se incorporó al régimen de colaboración conocido como Ley del Arrepentido. Ese aporte había sido incorporado a otro expediente y posteriormente homologado judicialmente.

La información vinculó al grupo familiar investigado con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal que era investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. A partir de esa pista, la Fiscalía Federal de Resistencia comenzó a analizar el patrimonio, los movimientos financieros, las sociedades comerciales y las operaciones vinculadas con los investigados.

La pesquisa incluyó relevamientos patrimoniales, registros de vehículos e inmuebles, informes tributarios y migratorios, inteligencia financiera y análisis de movimientos bancarios, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.

El megaoperativo: 18 allanamientos

La investigación desembocó el 7 de agosto en un operativo simultáneo en Chaco y Corrientes. Se realizaron 18 allanamientosen sucursales de Exen, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas.

El despliegue estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, con la participación de alrededor de 200 gendarmes y 50 policías chaqueños, además de contadores, especialistas informáticos, personal de ARCA y funcionarios de la Unidad Fiscal Resistencia.

Durante los procedimientos fueron secuestradas máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles, elementos que quedaron incorporados a la investigación para avanzar sobre el patrimonio, las operaciones comerciales y financieras y el origen de los fondos.

Los trabajadores, otro frente de la causa

Mientras la Justicia avanzaba sobre los acusados, el cierre de los gimnasios generó un fuerte impacto laboral. Alrededor de 80 familias dependen directamente de la actividad, según la representación de los trabajadores, y también existen personas afectadas indirectamente.

Los empleados se movilizaron frente a la Justicia Federal y plantearon que son ajenos a la investigación penal. Su principal reclamo es recuperar sus puestos de trabajo y reabrir parte de las sucursalesmientras continúa el proceso judicial.

En ese marco, presentaron una medida cautelar autónoma para solicitar la reapertura de tres gimnasios de Resistencia: los ubicados sobre Arturo Illia, Las Heras y Santiago del Estero. La propuesta contempla que uno de los propios empleados, con funciones contables dentro de la empresa, asuma la administración bajo control judicial y que se designen veedores de organismos públicos como ARCA y la Secretaría de Empleo.

El planteo también busca preservar las máquinas y las instalaciones que todavía permanecen en esos locales. Sin embargo, los trabajadores denunciaron posteriormente el desmantelamiento de algunas sucursales y pidieron a la Justicia que frene el retiro de equipamiento hasta que se resuelva la cautelar, al considerar que esa situación podría hacer imposible una eventual reapertura.

Con los cinco procesamientos y las dos faltas de mérito, la causa entra ahora en una nueva etapa. La Justicia deberá profundizar el análisis del patrimonio, las sociedades, las operaciones financieras y el supuesto origen de los fondos para determinar si existió efectivamente una estructura de lavado y cuál habría sido el rol concreto de cada uno de los investigados.