US$1,4 millones en máquinas y una diferencia de US$582 mil que la Fiscalía busca explicar
Siete sucursales en apenas 17 meses, inversiones millonarias y una diferencia cercana al 58% entre determinadas valuaciones del equipamiento y la facturación relevada. Los números se convirtieron en una de las claves de la investigación por presunto lavado de activos.

Detrás de los allanamientos y las detenciones del caso Exen hay una pregunta central: ¿de dónde salió el dinero para financiar semejante expansión en tan poco tiempo?
Según el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026, la cadena llegó a contar con siete sucursales, entre locales en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno y una nueva sede en desarrollo en el ex Hotel Guaraní de Corrientes.



Pero el dato más fuerte aparece cuando se pone precio al equipamiento.
El Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco relevó máquinas y estructuras existentes en cinco establecimientos —Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras— y calculó un valor aproximado de US$1.434.241.
Solo Exen Club concentraría equipamiento estimado en US$444.447. Exen Illia, US$266.670; Exen Santiago, US$245.813; Exen Las Heras, US$245.813; y Exen Barranqueras, US$231.497.

El número que encendió otra alarma: US$582 mil.
En otro cotejo incorporado a la investigación aparece una diferencia todavía más significativa.
Sobre bienes valuados por los investigadores en aproximadamente US$989.793, las facturas relevadas alcanzaban unos US$407.743.

La brecha: US$582.049.
Es decir, aproximadamente el 58% del activo fijo considerado en ese análisis.
Para la Fiscalía, el problema no sería solamente esa diferencia. El cuadro se completa con la velocidad de apertura de los gimnasios, las costosas obras realizadas en los establecimientos, adquisiciones de vehículos, viajes al exterior y otras exteriorizaciones patrimoniales que ahora están siendo investigadas.
El fiscal federal Patricio Sabadini sostiene en su requerimiento que los ingresos declarados y la situación patrimonial analizada no permitirían justificar el volumen de las inversiones realizadas.
La hipótesis judicial apunta a determinar si detrás de esa expansión existió una estructura destinada a introducir fondos de presunto origen ilícito en el circuito económico formal, mediante inversiones y operaciones con apariencia legítima.
Los números resumen el interrogante que deberá responder la Justicia: siete sucursales en 17 meses, US$1,4 millones estimados en máquinas de cinco locales y una diferencia de US$582 mil en el cotejo entre determinados bienes y facturas.

La pregunta que atraviesa ahora todo el expediente es una sola: ¿de dónde salió el dinero?
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