Arregín analizó la Ley de Reiterancia y explicó qué cambia en Chaco

El abogado Juan Arregín analizó ante N9 los alcances de la recientemente aprobada Ley de Reiterancia en Chaco, una modificación del Código Procesal Penal que busca incorporar la existencia de múltiples causas abiertas como un elemento de mayor peso al momento de resolver medidas de coerción. El letrado, quien colaboró en la elaboración de la iniciativa, destacó el acompañamiento legislativo y sostuvo que la herramienta apunta especialmente a aquellos casos en los que una persona aparece reiteradamente involucrada en hechos delictivos.

En conversación con N9, Arregín explicó que uno de los cambios centrales está relacionado con la actuación del Ministerio Público Fiscal. Según señaló, anteriormente los fiscales priorizaban otros riesgos procesales, como la posibilidad de entorpecer una investigación o influir sobre testigos y pruebas. Con la nueva normativa, remarcó que el criterio se vuelve más imperativo: "No es que podrán sino que deberán", afirmó al describir la obligación de considerar la reiterancia al momento de evaluar una prisión preventiva, aunque aclaró que la decisión puede ser revisada posteriormente por un juez de Garantías.

El abogado también diferenció la reiterancia de la reincidencia. Explicó que la nueva ley apunta a personas que todavía no cuentan necesariamente con una condena firme, pero que aparecen imputadas en dos o más investigaciones penales. "La reincidencia es tener una condena o tener ya una prisión preventiva, aunque uno esté en libertad, pero ya está procesado en el marco de un expediente", indicó. En cambio, agregó, la reiterancia contempla la existencia de varias imputaciones y busca evitar que una persona recupere la libertad y vuelva a quedar involucrada en nuevos hechos mientras las causas anteriores continúan su trámite.

Como ejemplo comparativo, Arregín se refirió a Corrientes, donde existe desde hace aproximadamente tres años una legislación de reiterancia, aunque destacó una diferencia relevante con el modelo chaqueño. "La reiterancia en el sistema correntino funciona al revés. El fiscal le tiene que pedir al juez de Garantías que dé la prisión preventiva basado en la reiterancia y va a depender del juez. Y aquí es el fiscal el que dicta la prisión preventiva", explicó. Según su análisis, en Chaco la herramienta quedará inicialmente en manos del Ministerio Público Fiscal y luego podrá ser revisada por un juez de Garantías.

Consultado por los cuestionamientos vinculados al principio de inocencia, Arregín hizo una precisión jurídica y sostuvo: "El principio no es de inocencia, es de presunción de inocencia". Señaló que esa garantía constitucional continúa vigente, pero consideró que el Estado también debe contemplar los antecedentes procesales de aquellas personas que acumulan denuncias o expedientes por robos, amenazas u otros hechos. Para el abogado, la nueva normativa busca aportar una respuesta frente a situaciones que terminan afectando de manera reiterada a vecinos de distintos barrios.

Finalmente, Arregín planteó que la aplicación de la ley deberá ser evaluada con el paso de los meses para determinar sus resultados concretos. "Veremos a lo largo de por lo menos de lo que siga el año o el año que viene si funciona o no; si funciona, mejorarlo, y si no funciona, tratar de corregir", señaló. Asimismo, defendió la legitimidad de que la Legislatura reglamente este tipo de herramientas y sostuvo que uno de los objetivos es contribuir a reducir la reiteración delictiva y evitar que los vecinos intenten responder por sus propios medios ante hechos de inseguridad.