Diputados debatirá la Ley de Inocencia Fiscal II enfocado en las Pymes

El proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, que ya cuenta con dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, espera su tratamiento en el recinto en medio de un reclamo del sector pyme y de especialistas tributarios, que consideran insuficiente la rebaja prevista para las multas formales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El texto que salió de comisión, identificado como Expediente 0006-PE-2026, establece una reducción permanente del 25% en las multas por infracciones formales —como la falta de presentación en término de declaraciones juradas— para microempresas, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no estén categorizadas como grandes contribuyentes. También prevé una quita del 50% para sanciones anteriores que todavía no se encuentren firmes.

Para buena parte del sector profesional, ese alivio resulta parejo allí donde debería ser proporcional. La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) elevó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda una propuesta para reemplazar la quita fija por una escala progresiva según el tamaño de cada contribuyente, en sintonía con otras iniciativas que distintos tributaristas vienen acercando al Gobierno desde mediados de año.

Entre esas iniciativas se cuenta la que la contadora Miriam Roldán le presentó al ministro de Economía, Luis Caputo. Su proyecto, bautizado "Régimen de Proporcionalidad, Incentivo y Subsanación Formal", planteaba una quita de hasta el 80% para microempresas, personas humanas y entidades sin fines de lucro, del 60% para pequeñas empresas y de entre el 20% y el 40% para medianas, según el tramo. La propuesta funcionó como uno de los disparadores del debate actual, aunque no fue la que finalmente se plasmó en el dictamen.

El reclamo del sector se apoya en la magnitud que alcanzaron los montos desde comienzos de año. Con la Ley 27.799 —reglamentada por el Decreto 93/2026 y vigente desde el 2 de enero—, las multas por presentar fuera de término una declaración jurada determinativa pasaron de valores nominales de $200 y $400, vigentes desde 2003, a $220.000 para personas humanas y $440.000 para sociedades, aunque la DDJJ arroje impuesto en cero. Si la presentación corresponde a un régimen informativo, el techo puede llegar a los diez millones de pesos. Especialistas coinciden en que el ajuste, aun cuando la actualización era necesaria por la inflación acumulada, implicó una suba superior al 100.000% respecto de los valores previos.

El problema, según describen quienes empujan la escala progresiva, no es solo el monto de cada multa sino la cantidad de veces que puede aplicarse en un mismo ejercicio. Roldán ejemplificó ese efecto acumulativo con casos concretos: un comercio sin empleados presenta 38 declaraciones juradas al año; un profesional con un empleado en relación de dependencia llega a 62; una pyme que además opera como importadora puede superar las 77, y si utiliza dos controladores fiscales, el número trepa a 101. Cada presentación constituye una infracción autónoma, por lo que un mismo contribuyente puede acumular varias sanciones en un año sin haber omitido un solo peso de impuesto.

Otro de los puntos en discusión es el mecanismo previo a la sanción. La propuesta de FAGCE incluye incorporar un artículo 49 bis a la Ley 11.683 para que, antes de cualquier sumario automático por los artículos 38 o 39, ARCA deba notificar de manera fehaciente la omisión detectada y otorgar quince días para regularizarla sin multa. El proyecto de Roldán planteaba un esquema similar pero con plazos escalonados según el tamaño del contribuyente, de entre 30 y 90 días corridos, y un límite para reincidentes: quien acumule más de seis faltas de presentación en el mismo año perdería el beneficio.

El resultado de ese debate quedará definido cuando el proyecto llegue al recinto de Diputados y, eventualmente, al Senado. Hasta entonces, el dictamen aprobado en comisión sigue siendo la versión oficial en danza, mientras el sector pyme y los tributaristas insisten en que la reforma incorpore la gradualidad que, por ahora, no contempla.