Reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal: el oficialismo busca votarlas juntas en agosto

El Gobierno nacional busca concentrar en agosto dos frentes centrales de su agenda legislativa: por un lado, votar en una única sesión de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal; por otro, aprobar en el Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal de Apelaciones porteña, junto con otras postulaciones judiciales. La decisión de unificar los dos proyectos económicos en un mismo debate responde a la estrategia habitual del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que evita convocar al recinto para tratar una sola iniciativa y prefiere hacerlo cuando tiene asegurados los votos para un paquete más amplio.

En la Casa Rosada evalúan que Javier Milei anuncie la reforma del Banco Central la semana próxima, antes de enviarla formalmente al Congreso, posiblemente por cadena nacional. El cambio apunta a limitar el financiamiento directo e indirecto del BCRA al Tesoro, revisar los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades, y reforzar la independencia de la autoridad monetaria. El oficialismo pretende tratarla junto con la nueva versión de Inocencia Fiscal, que busca reducir las posibilidades de que ARCA revise ejercicios anteriores de los contribuyentes que se sumen al régimen y ampliar los canales para formalizar fondos fuera del sistema financiero. Según trascendió, en el Gobierno consideran que ambas iniciativas pueden mostrarse como parte del mismo paquete económico con el que Milei planea encarar la campaña de 2027.

El adelanto de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya cuenta con dictamen en el Congreso, no forma parte del temario que el oficialismo prioriza para la sesión prevista hacia fin de mes.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en el Senado para destrabar los pliegos de Bertuzzi y Yadarola, orientados a cubrir la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tribunal que revisa las resoluciones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py en causas por corrupción, delitos económicos y lavado de activos. En la Casa Rosada dan por hecho el acuerdo para ambas postulaciones, que tomaron estado parlamentario en la sesión del 16 de julio y ya fueron giradas a la Comisión de Acuerdos, donde restan completarse las audiencias antes de habilitar su tratamiento en el recinto.

El interés oficial por esa integración se explica por la relevancia de las causas que pasan por ese tribunal: entre ellas, la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, el expediente por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la situación judicial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En el oficialismo admiten que la nueva composición del tribunal podría funcionar como un punto de apoyo adicional frente a las decisiones de primera instancia en esos expedientes.

La cobertura de vacantes judiciales se transformó en una de las prioridades del Gobierno desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Bajo su gestión, el Ejecutivo aceleró el envío de pliegos al Senado y ya superó el centenar de designaciones entre jueces, fiscales y defensores. Ese mismo mecanismo permitió, semanas atrás, la incorporación de nuevos magistrados en distintas jurisdicciones del país, entre ellas la Justicia Federal de Chaco, donde asumieron la camarista María Virginia Ise y el fiscal Patricio Sabadini tras la sesión del Senado del 16 de julio.

En la Casa Rosada reconocen que la postergación de otro proyecto sensible —la reforma vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada, que había generado tensión con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich— no modificó el orden de prioridades. La apuesta oficial para agosto es concentrar en Diputados los proyectos económicos que Milei quiere mostrar como ejes de su gestión, y cerrar en el Senado las designaciones judiciales que el Gobierno considera estratégicas.