El Gobierno profundiza los operativos migratorios en todo el país

El Gobierno nacional profundiza los operativos de control migratorio en distintos puntos del país con el objetivo de detectar a extranjeros en situación irregular, en el marco de un esquema que combina despliegues territoriales junto a las fuerzas federales con nuevas herramientas tecnológicas para centralizar información y generar alertas.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) define las zonas de los procedimientos a partir de tareas de campo y del análisis de los lugares con mayor concentración o tránsito de extranjeros. Los operativos pueden estar planificados con anticipación o activarse ante un requerimiento puntual, y se coordinan con la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Desde la Casa Rosada sostienen que este tipo de despliegues federales no requiere aviso previo a los gobiernos provinciales.

Uno de los procedimientos de mayor despliegue de las últimas semanas se realizó en Rosario, donde Migraciones y la PFA movilizaron a unos 60 agentes y controlaron a cerca de 420 personas. Según fuentes oficiales, se detectaron ocho extranjeros con irregularidades migratorias, entre ellos un ciudadano chino sobre el que pesaba una orden de expulsión. El operativo no había sido informado con antelación al gobierno de Santa Fe.

La respuesta que aplica Migraciones varía según el tipo de irregularidad detectada: si una persona tiene vencida su permanencia o debe completar un trámite, puede ser intimada a regularizar su situación; si se comprueba un ingreso ilegal, el organismo puede avanzar con un procedimiento que derive en la expulsión; y si existen causas judiciales pendientes o un requerimiento internacional, intervienen las fuerzas correspondientes.

Ese esquema de control se sostiene en un marco legal ampliado desde 2025. El DNU 366/2025, publicado en mayo de ese año, facultó a Migraciones a exigir la acreditación de identidad y de la situación migratoria, y a organizar operativos de inspección y fiscalización. La norma también estableció que quien ingrese por un paso no habilitado puede quedar sujeto a expulsión, y habilitó el rechazo en frontera cuando el ingreso irregular se detecta en el momento.

A ese decreto se sumó en junio la Resolución 551/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que creó el Programa de Seguridad Migratoria y dispuso que Migraciones trabaje de forma coordinada con la PFA, Gendarmería, Prefectura y la PSA. La norma ordenó además crear en cada una de esas fuerzas las llamadas Unidades de Seguridad Migratoria, orientadas a la prevención, detección e investigación de delitos vinculados a la migración irregular.

Los antecedentes de este tipo de despliegues ya se registraron en distintas provincias. En abril, la PFA, Migraciones y Gendarmería controlaron a 423 personas en un operativo sobre la Ruta Nacional 34, en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular —14 de nacionalidad boliviana y uno colombiano—, que fueron expulsados por el paso fronterizo con Bolivia. El procedimiento continuó esa misma jornada con controles nocturnos en comercios de Tartagal.

En julio, un operativo de rutina de Gendarmería derivó en la expulsión de cinco ciudadanos chinos que no registraban ingreso legal al país. El procedimiento se realizó en Puerto Iguazú, Misiones, cuando efectivos del Grupo Seguridad Vial "Urugua-í" detuvieron un colectivo de larga distancia con destino a La Plata sobre la Ruta Nacional 12. Tras confirmar la irregularidad migratoria, los extranjeros fueron entregados a las autoridades de Brasil a través del paso internacional Tancredo Neves.

El Gobierno también avanza en la reorganización tecnológica del organismo. En julio, Migraciones abrió una contratación por 36 meses para gestionar la información de pasajeros que ingresan o salen del país por aeropuertos internacionales y terminales de cruceros, un sistema que se sumará a la plataforma central de control migratorio que ya cruza datos con Interpol y con la información que anticipan las compañías de transporte.

A ese esquema se suma el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), creado este año por el Ministerio de Seguridad Nacional para integrar a Migraciones, las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El protocolo del organismo prevé cruces automatizados de información y la generación de nuevas alertas a partir del análisis de riesgo, para lo cual exige identificar el origen y el grado de confiabilidad de cada dato.

En ese contexto, Migraciones exigió en julio a todo su personal la firma de un nuevo compromiso de confidencialidad sobre el uso de la información. El documento alcanza los datos personales, los movimientos migratorios, los antecedentes y las actuaciones administrativas, y establece que las consultas realizadas en los sistemas internos pueden quedar registradas y auditadas.

El endurecimiento operativo se combina, además, con una modificación legal reciente. El DNU 681/2026, vigente desde fines de julio, incorporó como causal para impedir el ingreso al país o cancelar una residencia ya otorgada el hecho de que un extranjero haya dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad, o haya participado en actos de ultraje contra símbolos patrios. Para quienes ya cuentan con residencia, la cancelación puede derivar en una intimación a abandonar el país o directamente en una expulsión, según las circunstancias de cada caso.

El Gobierno busca ahora incorporar esa nueva causal al sistema de alertas migratorias existente, sin crear una plataforma tecnológica independiente, de manera que el antecedente quede asociado a la persona y pueda aparecer en los sistemas que consultan los inspectores al momento del ingreso. Todavía resta definir un protocolo sensible: quién generará cada alerta, con qué evidencia se cargará y qué instancia deberá validarla, un punto que podría derivar en planteos judiciales.

Dentro del Ejecutivo consideran que la agenda migratoria tiene una recepción política distinta a la que tuvo la discusión sobre la Ley de Tierras. Mientras en el Gobierno admiten que la flexibilización sobre la extranjerización de la tierra generó un costo político difícil de sostener, sostienen que el endurecimiento del control migratorio responde a una demanda que ya existe dentro de la base electoral libertaria, motivo por el cual prevén profundizarla en los próximos meses.