Milei firmó un decreto para expulsar a extranjeros que que insulten a la Argentina

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita al Estado a rechazar el ingreso o expulsar del país a extranjeros que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra los argentinos, o que ultrajen los símbolos patrios. La medida, oficializada este jueves mediante el Decreto 681/2026 publicado en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 y entrará en vigencia a partir de este viernes 31 de julio.

La norma se dictó en medio de la llamada "campaña antiargentina", la ola de mensajes despectivos de usuarios de otros países que se intensificó tras la derrota de la Selección ante España en la final del Mundial y que incluyó agravios a la identidad nacional. "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", sostuvo Milei en el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, que llevó la firma del mandatario junto a todo su Gabinete.

El decreto incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones, que regula las causales para negar el ingreso de extranjeros al territorio nacional. A partir de ahora quedan comprendidas allí las personas que hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto o contra algún ciudadano por su nacionalidad, además de quienes hayan participado en actos de ultraje a los símbolos patrios o incitado a cometerlos.

La medida también alcanza a quienes ya residen en el país: la autoridad migratoria podrá cancelar la residencia de un extranjero comprendido en esas conductas y disponer que abandone el territorio en un plazo determinado o, directamente, su expulsión, según las circunstancias personales de cada caso. En los considerandos, el Gobierno aclaró que la norma no alcanza al disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución Nacional, y fundamentó la medida en un fallo de la Corte Suprema que reconoce a todo Estado soberano la facultad de fijar las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros, además del Pacto de San José de Costa Rica.

Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, la norma deberá remitirse a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de diez días hábiles para expedirse sobre su validez y elevar dictamen a ambas Cámaras.