Con custodia policial, Clinis Canal y su madre llegaron a justicia federal
Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, que se habían entregado el miércoles en el paso fronterizo de Loyola, llegaron a la sede de la Justicia Federal por una comisión de la Policía del Chaco.

Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, los dos últimos prófugos de la causa Exen Gym, están siendo trasladados hacia Resistencia después de haberse entregado el miércoles ante las autoridades en el paso fronterizo de Loyola, sobre el límite entre Clorinda (Formosa) y Asunción (Paraguay).
Tras la entrega, ambos habían quedado bajo custodia de Gendarmería Nacional en Clorinda, mientras se coordinaba el operativo para reconducirlos a la provincia. Según pudo saberse, una comisión de la Policía del Chaco viajó hasta la ciudad formoseña y emprendió el regreso junto a los dos investigados.


El procedimiento se enmarca en la causa federal que investiga un presunto esquema de lavado de dinero, que semanas atrás derivó en un amplio operativo con allanamientos en distintos puntos de Chaco y Corrientes.
En paralelo, trascendió que la defensa de María Graciela Canal presentó ante la Justicia un pedido vinculado a su estado de salud, cuyo alcance exacto no pudo confirmarse de manera independiente hasta el cierre de esta nota.
La localización de los dos investigados se había producido a partir de tareas realizadas por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, que estableció que ambos se encontraban fuera del país: Canal registraba como última salida del territorio argentino el 28 de julio, mientras que Clinis Canal lo había hecho el 1° de agosto. A partir de esos datos se solicitaron órdenes de captura nacional e internacional.
Con el traslado hacia Resistencia en marcha, se espera que Clinis Canal y Canal queden a disposición de la Justicia Federal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, con intervención del Juzgado Federal N°1, que conduce la jueza Zunilda Niremperger.
La causa investiga movimientos económicos, sociedades, vehículos, inmuebles e inversiones que, según la hipótesis de la Fiscalía, presentarían inconsistencias respecto de los ingresos declarados por los imputados.
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