Ley de Tierras: el nuevo límite no frena el riesgo de extranjerización del territorio
En diálogo con N9, Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que los cambios anunciados no alteran el objetivo central del proyecto: flexibilizar el acceso de capitales extranjeros a tierras y bienes naturales argentinos.
El Senado retomará este jueves 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica diferentes normas y vuelve a poner en discusión el futuro de las tierras rurales argentinas. Aunque durante las últimas horas se incorporaron cambios al texto, las nuevas condiciones no despejan las principales advertencias: la reforma continúa reduciendo controles y puede facilitar que capitales extranjeros concentren territorios estratégicos, recursos naturales y grandes superficies productivas.
En diálogo con N9, el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini, sostuvo que las modificaciones presentadas en el Senado resultan insuficientes porque no alteran el sentido general de la propuesta. El funcionario explicó que la nueva redacción incorpora un límite nacional del 25% para la extranjerización, pero no reproduce los topes provinciales y departamentales previstos por la Ley 26.737. "Las modificaciones no cambian el sentido que tiene este proyecto, que es facilitar la extranjerización de nuestro suelo, nuestros bienes naturales y nuestro territorio", advirtió.
La diferencia no es menor. La normativa vigente establece un límite general del 15%, pero también distribuye esa restricción entre provincias, municipios y departamentos, con el objetivo de impedir que las compras se concentren en determinadas regiones. Con la reforma, el cumplimiento de un porcentaje nacional podría convivir con niveles mucho más elevados de extranjerización en localidades específicas. "El problema no es solamente el porcentaje, sino cómo se distribuye la posibilidad de la extranjerización", explicó Pascolini, quien alertó especialmente sobre cursos de agua, zonas fronterizas, áreas productivas y territorios con riquezas minerales.
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Ese riesgo tiene una expresión concreta en el Nordeste. Corrientes ya registra departamentos donde la proporción de tierras en manos extranjeras supera ampliamente el límite general vigente, como Ituzaingó y Berón de Astrada. Una mayor flexibilización podría aumentar la presión sobre campos cercanos al Iberá, el río Paraná, los humedales, las plantaciones forestales y las reservas de agua dulce. Para los pequeños productores y las comunidades locales, el ingreso de grandes capitales también puede traducirse en campos más caros, alquileres rurales más elevados, desplazamiento de familias y una pérdida progresiva del control sobre las decisiones productivas.
Pascolini también rechazó el argumento oficial de que la venta de tierras representa una condición necesaria para atraer inversiones. "La inversión se puede estimular de otra manera, sin perder la titularidad del dominio de los bienes", afirmó. En ese sentido, planteó que cualquier capital que llegue al país debe generar empleo, agregar valor y favorecer a las comunidades, en lugar de limitarse a extraer recursos y trasladarlos sin procesamiento. "La inversión tiene que generar trabajo en la Argentina; de lo contrario, se convierte en una práctica extractivista", remarcó.
La disputa excede ampliamente la compraventa de campos. La transición energética aumentó el interés internacional por el litio, el cobre y otros minerales presentes en el territorio argentino, mientras que la expansión de centros tecnológicos y de inteligencia artificial demanda enormes cantidades de energía, zonas con bajas temperaturas y reservas de agua dulce. "La Argentina tiene todos los minerales necesarios para la transición energética, tiene agua y tiene territorio. Vienen por todo eso", alertó Pascolini. Frente a ese escenario, la movilización convocada para este jueves en Corrientes busca enviar un mensaje directo al Senado: la tierra no puede quedar sometida únicamente a la capacidad económica del mejor postor y la defensa de la soberanía debe estar por encima de cualquier promesa de inversión sin garantías para el país.
