Chaco y Corrientes marchan contra la extranjerización de tierras en la capital correntina

Organizaciones ambientales, sociales y ciudadanos autoconvocados realizarán este jueves 6 de agosto una nueva movilización en defensa de la soberanía territorial y contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. La concentración comenzará a las 16 en la Plaza 25 de Mayo de Corrientes capital, en simultáneo con protestas previstas en otros puntos del país y mientras el Senado retoma el tratamiento de una iniciativa que podría profundizar la extranjerización de las tierras argentinas.

La convocatoria invita a vecinos, productores, estudiantes, trabajadores y familias a acercarse con banderas argentinas, carteles y mate para acompañar el seguimiento de la votación. La actividad continuará el reclamo expresado durante el banderazo realizado el 1 de agosto bajo el puente Chaco-Corrientes, donde se multiplicaron consignas como "La tierra no se vende, se cuida", "Defendé nuestra tierra", "La tierra es de quien la trabaja y la cuida" y "Malvinas son Argentinas". Para los organizadores, defender el territorio implica resguardar la historia, la producción, los bienes comunes y el futuro de las próximas generaciones.

El rechazo se concentra en uno de los aspectos más peligrosos del proyecto: la modificación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El texto oficial reduce los controles principalmente a Estados extranjeros y empresas dominadas por ellos, liberando de las restricciones vigentes a personas y capitales privados del exterior. De esta manera, una norma presentada bajo la promesa de atraer inversiones podría retirar barreras destinadas a evitar la concentración de grandes extensiones productivas, campos cercanos a cursos de agua, humedales, bosques, zonas de frontera y territorios con recursos estratégicos.

La amenaza resulta especialmente grave para Corrientes, donde el 7,63% de la superficie provincial, equivalente a unas 554.093 hectáreas, ya se encuentra en manos extranjeras. En Ituzaingó la proporción alcanza el 33,90% y en Berón de Astrada llega al 32,72%, mientras que Santo Tomé y Concepción también presentan niveles elevados. La aprobación de esta reforma podría encarecer los campos y los alquileres rurales, dificultar la permanencia de pequeños productores y aumentar la presión sobre el agua dulce, el Iberá, el río Paraná y las áreas forestales. La discusión del jueves no será solamente sobre compraventa de inmuebles: el Senado deberá decidir si protege el territorio argentino o permite que quede cada vez más expuesto al poder económico del mejor postor.