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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
HOGAR "REGRESO AL PADRE"

Negó vínculos con Fabián Cian y después los reconoció: las marchas y contramarchas de un responsable del hogar

Juan Bautista Di Costanzo, que recuperó la libertad condicional en la causa por abusos y maltratos, habló con N9 y admitió que la institución funcionó sin la habilitación del Sedronar ni del Ministerio de Salud.

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Juan Bautista Di Costanzo, uno de los tres responsables del hogar de rehabilitación Regreso al Padre, habló con N9 en medio de la causa que investiga presuntos abusos sexuales y maltratos dentro de la institución, ubicada en el barrio Puerta del Sol de esta ciudad. En la entrevista, el entrevistado defendió la gestión del lugar, aunque incurrió en sucesivas contradicciones sobre el manejo de fondos, la situación de la habilitación y los antecedentes penales de uno de los otros dos coordinadores.

Di Costanzo, que recuperó la libertad de manera condicional tras una resolución judicial que por el momento no halló elementos suficientes para mantenerlo detenido, aseguró en diálogo con N9 que en el hogar "es todo con disciplina, con amor" y rechazó que existieran castigos físicos. "Acá es todo con disciplina, con amor, no es que yo te agarro con un látigo y te estoy pegando", afirmó. Alfredo Fernández y Rogelio Gatti, los otros dos responsables señalados, se encuentran con prisión preventiva mientras que Juan Bautista, aunque en libertad, continúa vinculado a la causa.

Consultado sobre la situación de Gatti —imputado por presunto abuso sexual—, Di Costanzo lo defendió y sostuvo que "no hay ninguna prueba concreta" en su contra. La postura cambió cuando se le preguntó por Fernández: primero negó tajantemente que tuviera antecedentes penales ("no, no es verdad"), pero minutos después reconoció que estuvo casi tres años bajo un proceso penal en la localidad santafesina de Malabrigo, del que —según dijo— salió en libertad tras cumplir su condena.

El responsable también admitió que la institución nunca contó con la habilitación del Sedronar ni del Ministerio de Salud para trabajar con personas con consumos problemáticos. Según explicó, recién este año iniciaron los trámites para constituirse en fundación, después de funcionar desde 2024 sin ese estatus. Atribuyó la decisión a una delegación del obispado, que —relató— les indicó "ustedes hagan y deshagan como ustedes saben", pese a que ninguno de los tres coordinadores tiene formación en psicología o psiquiatría.

En otro tramo de la entrevista, Di Costanzo negó inicialmente cualquier vínculo con Fabián Cian, pero más tarde reconoció que era quien les derivaba residentes y articulaba las audiencias judiciales de la institución.

Sobre las denuncias de desabastecimiento y malnutrición, el responsable insistió en que el hogar garantizaba las cuatro comidas diarias "con repeticiones" y que "jamás se le mezquinó, desayuno, almuerzo, merienda y cena" a ningún residente. Reconoció que, si bien no se cobraba una cuota mensual fija, se solicitaba dinero a las familias a través de un grupo de WhatsApp para la compra de alimentos perecederos. Al ser confrontado con un audio en el que se le reclaman 30.000 pesos a Cian para un asistente social, modificó su versión y explicó que ese monto correspondía a los viáticos del profesional, que no percibía sueldo en la institución.

Para justificar el origen del conflicto, Di Costanzo apuntó contra residentes derivados por la Justicia. Según su relato, las tensiones se intensificaron a partir de noviembre del año pasado, cuando empezaron a formarse alianzas entre internos con antecedentes penales. En ese contexto, mencionó a Guillermo Ledesma —vinculado a la denuncia original que destapó el caso— como el primer residente judicializado que ingresó al hogar, en julio del año pasado, y lo señaló como quien habría comenzado a generar esas alianzas. También responsabilizó a otros ex internos por hechos de robo y fugas previas, versiones que hasta el momento no fueron confirmadas de manera independiente.

Frente a las versiones de vecinos que dijeron haber corroborado parte de los relatos de los denunciantes, Di Costanzo cuestionó por qué la Justicia no convoca a declarar también a la totalidad de las cerca de 600 familias que, según afirmó, pasaron por la institución a lo largo de los años.

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