Cayó la sesión por los trapitos y un nuevo caso de extorsión reaviva las dudas sobre la regularización

El debate por los llamados "trapitos" volvió a quedar en suspenso en el Concejo Municipal. La sesión convocada para este martes, donde iba a tratarse el proyecto del presidente del cuerpo, Alejandro Aradas, para prohibir el cobro informal en zonas con estacionamiento medido, cayó por falta de quórum ante la ausencia de las bancadas opositoras. La iniciativa del oficialismo plantea que donde ya rige un canon municipal por el uso del espacio público no puede coexistir otro cobro y describe como una situación de "extorsión" la imposición de un monto al automovilista bajo amenaza implícita de daños al vehículo.

Frente a ese enfoque, la concejal del Frente Chaqueño Lucila Masin mantiene un proyecto contrapuesto que propone un esquema de regularización con identificación, zonificación y capacitación de los cuidacoches. "Creemos que hay que hacer un registro de los trapitos", sostuvo en diálogo con N9, y planteó que "hay que tratar de ordenar" la actividad antes que erradicarla. La edil cuestionó la postura oficialista, "la forma del oficialismo es sacar a todos los trapitos", y advirtió que "estigmatizar a los trapitos o ponerlos a todos en la misma bolsa, no sirve". En esa línea, deslizó: "Los trapitos también son vecinos".

Masin admitió que el tema tiene aristas complejas, "no es un tema fácil, por eso no se resuelve", y sumó una crítica al manejo político del "Creo que no hay voluntad de resolverlo". También dejó traslucir diferencias internas dentro del propio oficialismo, "hay diferencias entre Aradas y Roy", en alusión al titular del Concejo y al intendente Roy Nikisch. La concejal pidió "abordar el tema con seguimiento" y rechazó que la violencia "se justifique", aunque enmarcó el problema en un contexto más "Estamos muy violentos como sociedad".

El planteo opositor, sin embargo, se cruzó esta semana con un episodio que vuelve a poner en cuestión la viabilidad de cualquier blanqueo de la actividad. La Policía del Chaco detuvo a dos hombres señalados como cuidacoches, acusados de extorsionar durante cinco meses a un adolescente de 16 años, a quien habrían obligado a transferir cerca de 300 mil pesos bajo amenaza de un arma de fuego y de represalias contra su familia. El procedimiento, montado por el Departamento de Investigaciones Complejas en inmediaciones de calle Monteagudo, derivó en la aprehensión del principal sospechoso —identificado como E.J.P.— y de un acompañante. El jefe del Departamento de Cibercrimen, comisario Carlos Barreto, anticipó que "se ampliará la denuncia y podría haber más detenidos".

El cruce temporal entre el fracaso legislativo y la causa judicial expone una contradicción difícil de saldar para los impulsores de la regularización. Mientras la propuesta opositora descansa sobre la idea de una colaboración voluntaria y un control municipal posterior, las denuncias recientes muestran un esquema de prácticas coercitivas y delitos conexos, en una dinámica donde el conductor no demanda el servicio sino que paga para evitar represalias. La discusión, advierten distintos referentes del debate público local, no se reduce a un problema de informalidad económica.