El negocio del horror: Cronología de la manipulación, el lucro y los abusos en el Hogar "Regreso al Padre"

2024: El desembarco y la fachada ante la Iglesia

La historia comenzó a gestarse alrededor del año 2024. Con un discurso cargado de espiritualidad y vocación de servicio, los responsables del hogar llegaron a la ciudad presentándose formalmente ante la Diócesis local como una supuesta Asociación Civil dedicada a brindar asistencia a personas con consumos problemáticos. Mediante esta puesta en escena, lograron que se les cediera el predio del ex Mariápolis, ubicado en el barrio Puerta del Sol, un lugar amplio e ideal para montar lo que, puertas adentro, se convertiría en un régimen de aislamiento.

En una primera instancia, los directivos establecieron la regla de no aceptar personas judicializadas. Sin embargo, con el correr del tiempo y al vislumbrar una veta de mayor control sobre los internos, modificaron el criterio y comenzaron a abrir las puertas a jóvenes derivados por la Justicia.

La captación en Santa Fe y el despojo de la identidad

El radio de acción del hogar no se limitó a la provincia del Chaco. Gran parte de los internos provenían de otras localidades y provincias, teniendo su principal foco de captación en la ciudad de Reconquista, Santa Fe. Allí, mediante recomendaciones de personas que la justicia determinará si están vinculadas a la organización, distintas familias desesperadas por la situación de sus hijos confiaban en el centro de Sáenz Peña como una salida posible.

El horror para los jóvenes comenzaba en el minuto uno de su llegada. Como si se tratara de un campo de concentración o un penal clandestino, al ingresar eran inmediatamente rapados y obligados a vestirse todos exactamente iguales, anulando cualquier rasgo de identidad personal y marcando el inicio de la sumisión.

 El "sistema rotativo" de estafa y las fugas provocadas

El ingreso al hogar tenía un costo inicial de hasta $100.000 por familia. Pero el requerimiento económico nunca paraba mes a mes, los directivos seguían exigiendo transferencias de dinero, mercadería y constantes donaciones.

Para maximizar las ganancias, los responsables diseñaron una estrategia perversa basada en un patrón repetitivo, aceptaban la mayor cantidad posible de chicos de otras localidades y cobraban la jugosa matrícula de ingreso. A los pocos días, sometían a los jóvenes a maltratos físicos y psicológicos severos con un objetivo claro: forzar su escape o echarlos sin absolutamente nada. Inmediatamente después, los directivos realizaban la denuncia policial haciéndolo pasar por una "fuga", deslindando responsabilidades ante las familias. Con las plazas liberadas, el ciclo volvía a ingresaban nuevos chicos, volvían a cobrar la inscripción y la entrada de dinero se volvía constante y lucrativa.

Aquellos pocos internos que permanecían a largo plazo en el lugar eran rigurosamente seleccionados bajo dos perfiles específicos: chicos en situación de extrema vulnerabilidad y fáciles de manipular, o bien aquellos cuyas familias respondían de manera inmediata a cada pedido de dinero y donación que el hogar exigía.

 La gran mentira de los internos judicializados

A pesar de que "Regreso al Padre" era un lugar de estadía voluntaria, los directivos encontraron en los internos judicializados el mecanismo perfecto para el encierro forzado. Tanto a los jóvenes como a sus familias se les infundía el terror psicológico mediante una mentira sistemática, les aseguraban que, por estar bajo la órbita de la Justicia, no podían retirarse ni salir del predio hasta completar la supuesta rehabilitación; de lo contrario, terminarían inmediatamente privados de su libertad en una cárcel común.

 Primeras alertas de El abandono de Maximiliano y los gritos de Luis

El cerco de impunidad empezó a agrietarse debido a situaciones extremas de desatención médica y crueldad explícita. Uno de los primeros detonantes fue el caso de Maximiliano, un interno oriundo de Reconquista. Tras pasar horas de profunda agonía por un principio de pancreatitis, los directivos lo trasladaron al hospital local solo para dejarlo abandonado a su suerte. Lejos del control de sus captores, Maximiliano aprovechó ese momento crítico para pedir auxilio. Logró comunicarse con su hermana y regresar a su ciudad natal, donde advirtió de inmediato el calvario que se estaba viviendo dentro del centro de rehabilitación.

A la par de este alarmante testimonio, durante una de las visitas familiares, Ernesto (padre de Guillermo, un interno proveniente de la provincia de Corrientes) presenció junto a otros allegados una escena brutal, un joven llamado Luis fue maltratado por  los coordinadores, encerrado a la fuerza en una habitación y agredido físicamente mientras los familiares seguían en el lugar.

El Mensajes desesperados y el rescate de los padres

Ese día, al momento de la despedida, el horror terminó de confirmarse de la forma más desesperada. Con mucho miedo varios internos lograron, en una maniobra veloz y arriesgada, entregarle notas ocultas a Ernesto. En esos papeles rezaban pedidos desgarradores de ayuda y un ruego unánime: que los rescataran de ese infierno.

Con las pruebas del maltrato en sus manos, Ernesto se puso en contacto inmediato con familias y allegados de la localidad de Reconquista. La red de contención familiar comenzó a movilizarse a contrarreloj.

La confirmación judicial derrumbó la última mentira de los directivos. Al consultar formalmente ante las autoridades judiciales de Santa Fe si existía una restricción que impidiera la salida de los jóvenes judicializados, la respuesta de la Justicia fue no había tal impedimento, la permanencia era voluntaria y las familias podían retirar a los jóvenes cuando lo dispusieran.

Con esta certeza, dos padres corajudos decidieron no esperar un minuto más. Viajaron a Presidencia Roque Sáenz Peña, irrumpieron en el hogar y no solo rescataron a sus propios hijos, sino que abrieron las puertas para rescatar a todos los que pudieron.

El final de la impunidad y las preguntas sin respuesta

El testimonio de las víctimas rescatadas fue el detonante indispensable. La posterior investigación judicial y la valentía de los jóvenes al declarar ante las autoridades terminaron por destapar la olla de abusos sexuales reiterados, torturas y vejaciones que se camuflaban detrás de las oraciones y la supuesta ayuda comunitaria.

La cronología del espanto cerró su capítulo más oscuro con la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, que ordenó la detención inmediata de los tres responsables del lugar, quienes hoy permanecen tras las rejas.

Todos los internos sobrevivientes ya fueron devueltos al resguardo de sus familias.

Si bien la investigación recién inicia, hay muchos interrogantes institucionales profundos que exigen respuestas urgentes. Hasta la fecha, se desconoce por completo bajo qué criterios y de qué manera estas personas fueron habilitadas para trabajar con una población tan vulnerable sin contar con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud mental y social obligatorio para estas áreas.

 Al mismo tiempo, el silencio institucional agrava el por parte de la Diócesis local, entidad que cedió las instalaciones para el funcionamiento del hogar, nadie ha emitido hasta el momento ningún tipo de respuesta ni comunicado oficial.

Sáenz Peña, Corrientes y Reconquista se unen hoy en un solo clamor que ya no se puede callar pidiendo justicia, investigación a fondo de las complicidades y castigo máximo para los falsos profetas del dolor.