Horror en el hogar "Regreso al Padre": denuncian abuso sexual, castigos físicos y un negocio armado con las cuotas
Los ex internos llegaron desde Reconquista y Corrientes. Denunciaron castigos físicos, alimentación insuficiente, retención de medicación a un paciente asmático y la obligación de mantener relaciones sexuales con uno de los responsables a cambio de comida.

Tres ex internos de la Comunidad Hogar Regreso al Padre denunciaron públicamente haber sufrido torturas físicas, abuso sexual y trabajo forzado dentro del predio que la asociación civil tiene en el sector de Mariápolis, en el barrio Puerta del Sol de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los jóvenes, oriundos de Reconquista y de Corrientes, brindaron su testimonio a N9 y apuntaron contra los tres directivos del lugar: Alfredo Reymundo Fernández, a quien señalan como responsable principal, Juan De Costanzo y Rogelio Gatti. Pidieron el cierre del establecimiento y que la justicia avance contra los acusados.

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Rodrigo Gómez, que ingresó por su propia voluntad, describió cómo habría funcionado el predio: una rotación permanente de internos que les permitía a los responsables sostener un flujo continuo de cuotas. "Ellos lo tenían planificado todo para que la gente ingrese, pague, se le corte el pelo y después ellos buscaban la excusa para que la gente no quede, no permanezca ahí", afirmó.


Según su relato, mientras los directivos comían asado y helado, los internos quedaban a régimen mínimo: "Llegamos a ser 27 y nos daban dos pata muslo y medio para picar un pedacito cada uno". Aseguró que los jóvenes producían panificados y pollos para la venta y que las donaciones de carnicerías y comercios no se traducían en mejores raciones.

El testimonio más grave corresponde a Juan Manuel, derivado desde Reconquista por una orden judicial, que denunció haber sido víctima de abuso sexual dentro del hogar. "El tipo este, Alfredo, me hacía sexo oral por un sándwich. Es algo que da vergüenza contarlo, pero Dios me da la fuerza para contarlo, para que se sepa toda la verdad", expresó.
El joven contó que como castigo por intentar comunicarse con su madre a través de otro interno que se retiraba, lo obligaron a hacer salto en rana en todo el predio: "Dieciocho días estuve sin poder caminar, no podía mover las piernas". Aseguró que desde que salió no logra conciliar el sueño y que arrastra secuelas psicológicas que lo van a marcar de por vida.

Un tercer ex interno, Jorge Gastón Ruiz Díaz, también santafesino, sumó denuncias por maltrato hacia un paciente con una enfermedad crónica. Aseguró que es asmático y que apenas ingresó al hogar le retiraron el aerosol inhalador. "Cuando era cambio de tiempo me ahogaba y me decía que yo me hacía, que era abstinencia, que yo estoy loco", relató sobre el trato de uno de los responsables.
Contó que el día de su cumpleaños le negaron la comunicación con su familia y lo obligaron a cortar leña desde la una hasta las nueve de la noche bajo el sol. Coincidió con Juan Manuel al señalar al director del lugar por conductas sexuales: "Hasta el director, ese tal Alfredo, es un degenerado, quiere abusar de los chicos, te quiere obligar a tener relaciones con él".

Los tres jóvenes coincidieron en describir un mecanismo de aislamiento de los internos respecto de sus familias, con manipulación de la información que se transmitía a los padres y pedidos sostenidos de dinero. "Engañaron a mi familia, extorsionándola, pidiéndole plata. A mí me alejaron de ellos, no podía comunicarme con ellos, le llenaban la cabeza de mí a mi familia", explicó Ruiz Díaz. La mayoría de los chicos que pasaron por el hogar habría llegado desde Reconquista y, en menor medida, desde Corrientes y el interior chaqueño, según los propios denunciantes.

Las declaraciones se suman a la denuncia que presentó días atrás Ernesto Ledesma, padre de uno de los ex internos, ante la Dirección de Investigaciones de Sáenz Peña. En aquella presentación también figuraban castigos físicos, alimentación en mal estado y delegación del funcionamiento del lugar en los propios internos. Los ex residentes reclaman el cierre del predio y una intervención judicial inmediata para evitar que otros jóvenes en situación de vulnerabilidad sean alojados allí. "Yo no quiero que otros chicos pasen por lo que pasamos nosotros", cerró Ruiz Díaz.

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