El oficialismo busca dictaminar este martes el acuerdo con los holdouts del default de 2001

El oficialismo volverá a reunir este martes a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones del Senado para dictaminar el proyecto que habilita el acuerdo con los fondos que mantenían litigios contra la Argentina por el default declarado en 2001. La convocatoria responde a una adenda que extendió los plazos originales y obligó al Gobierno a retirar el expediente de la última sesión prevista.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, ratifica el entendimiento alcanzado con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda posterior a la cesación de pagos y autoriza al Estado a cancelar las obligaciones derivadas de esos juicios. El plenario será encabezado por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y por Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Participarán también el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija.

La Libertad Avanza había logrado un dictamen de mayoría a fines de abril, pero la semana pasada el procurador del Tesoro informó una prórroga hasta el 31 de mayo para la ratificación del acuerdo, cuando el plazo original vencía el 30 de abril. La modificación no había sido comunicada previamente a los aliados del oficialismo en la Cámara alta y derivó en el retiro del expediente del recinto. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, condujo en paralelo las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista.

Según el texto oficial, la adenda únicamente actualiza el listado de bonos del Anexo A para reflejar la tenencia real informada por los acreedores. El Gobierno sostiene que la modificación no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para el Estado argentino y no genera exposición adicional. Los reclamos vinculados con bonos considerados prescriptos quedaron fuera del cálculo final.

El entendimiento, cerrado ante los tribunales de Nueva York bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, involucra al fondo Bainbridge y al grupo encabezado por Attestor, los dos últimos acreedores con fallos firmes contra la Argentina por el default. El proyecto, que fue remitido al Congreso con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevé un pago único de US$67 millones a Bainbridge y desembolsos por US$104 millones al grupo Attestor.

El acuerdo también dispone la suspensión de los litigios vinculados con los bonos alcanzados y bloquea nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002. Busca además desactivar potenciales ejecuciones sobre activos argentinos, entre ellos las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas. Tras la firma de los dictámenes, el oficialismo espera llevar la iniciativa al recinto en la próxima sesión y avanzar luego con la votación en Diputados para cerrar de manera definitiva los juicios derivados del colapso financiero de 2001.