El Gobierno se constituyó como querellante en la causa y rechazó "la utilización política" del caso

La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, brindó este miércoles una conferencia de prensa en el Salón General Manuel Obligado de Casa de Gobierno para detallar la cronología oficial del caso de la falsa médica que ejerció en el hospital de Quitilipi y anunció que el Ejecutivo provincial se constituyó como parte querellante en la causa penal. La funcionaria defendió la actuación del Gobierno y rechazó lo que calificó como un intento de utilización política del expediente.

Según el repaso oficial, la primera alerta se registró el 15 de abril a las 9.05, cuando el director del hospital de Quitilipi elevó un informe a la Subsecretaría de Redes de Salud y advirtió que una mujer identificada como Mabel Ojeda prestaba guardias presentándose con la matrícula profesional 6822, número que en realidad pertenece a otro profesional médico. "En el instante en que detectamos la irregularidad, hemos realizado todas las denuncias pertinentes y los procedimientos conforme a derecho. Los hemos hecho en cuestión de horas y no de meses", planteó Meiriño durante su exposición.

A partir de ese informe, el mismo día se activaron las tres denuncias formales: la del director del hospital, la del Ministerio de Salud Pública —que radicó la denuncia penal ante la Mesa de Entradas del Poder Judicial en Resistencia— y la del director regional, presentada en la División Investigaciones Complejas de Quitilipi por presunta usurpación de títulos y honores. Por jurisdicción, el expediente quedó en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, correspondiente a la Circunscripción Judicial II, a cargo del fiscal subrogante Rafael Valero.

En paralelo a la vía judicial, la cartera sanitaria abrió un sumario interno a través de la Disposición 351/26 de la Subsecretaría de Redes de Salud y dispuso la separación preventiva del cargo del director de zona y del director del hospital de Quitilipi, con el argumento de garantizar "una investigación imparcial y objetiva". Sobre la base de las actuaciones judiciales, el fiscal ordenó el allanamiento del domicilio de la denunciada y libró una orden de captura nacional contra Lidia Mabel Ojeda.

La búsqueda derivó en su localización el 27 de abril en la provincia de Buenos Aires y, el 8 de mayo, en su extradición al Chaco para quedar a disposición de la Justicia provincial. Este miércoles, el Gobierno sumó otro paso procesal: "Hace horas, en el día de hoy, nos hemos constituido como querellantes en la causa que radica en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña", anunció la funcionaria.

Sobre el final, Meiriño volvió a marcar el eje político del mensaje oficial. "No vamos a permitir que se desinforme a la sociedad chaqueña y mucho menos que se tergiverse y utilice la información con fines políticos", advirtió, y sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es que "quien tenga que pagar se encuentre a disposición de la justicia para que se le aplique la ley con el rigor que corresponda".