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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
SÁENZ PEÑA

Falsa médica: piden juicio para Lidia Ojeda y tres exdirectores de hospitales

La Fiscalía de Investigación Penal N° 3 requirió la elevación a juicio de la causa por la muerte de Lorenzo Blanco y del expediente por la actuación de Lidia Mabel Ojeda en el hospital de Pampa del Infierno.

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La Fiscalía de Investigación Penal N° 3 requirió la elevación a juicio de dos de las causas contra Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del interior chaqueño. El pedido no se limita a ella: también alcanza a exdirectores de los hospitales donde atendió pacientes.

El fiscal Marcelo Soto explicó a N9 que el primer requerimiento, presentado la semana pasada, corresponde a la llamada causa Blanco. El expediente investiga la muerte de Lorenzo Blanco, un paciente que había concurrido al hospital de Quitilipi, fue atendido por Ojeda y, tras ser internado, murió a raíz de la dolencia que tenía. En esa causa, la Fiscalía pidió juzgarla por homicidio con dolo eventual, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos.

En el mismo expediente están imputados los exdirectores del hospital de Quitilipi Carina Gabriela Villalba y Daniel Alfredo Acuña. Según precisó Soto, el requerimiento los incluye "por los mismos delitos". Esta causa se elevaría a la Cámara del Crimen.

El segundo pedido corresponde a la actuación de Ojeda en el hospital de Pampa del Infierno, donde, según había confirmado el fiscal semanas atrás, llegó a atender pacientes oncológicos. Allí la acusación es por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos. Quien estaba a cargo de la dirección en ese momento también quedó comprendido, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina. A diferencia de la causa Blanco, este expediente irá a un juzgado correccional. "Lo de Quitilipi va por un lado y lo de Pampa del Infierno por otro", resumió Soto.

La figura más grave es la de homicidio. "En el caso del homicidio, se entiende que ya sea doloso de alguna forma, tiene una pena que va de 8 a 25 años de prisión", indicó el fiscal. Sobre la posibilidad de que las condenas se sumen, aclaró que todavía falta mucho: "Primero habría que llegar a una sentencia, y una vez que se llegue a sentencias al menos en dos causas, se hace lo que se llama la unificación de penas".

Las denuncias contra Ojeda en otras localidades del interior seguirán su propio camino. Esos hechos no se unificarán con las causas de Sáenz Peña, explicó Soto, porque ocurrieron en otras jurisdicciones y deben ser juzgados por los tribunales que correspondan.

El avance hacia el debate oral, de todos modos, no sería inmediato. Una de las defensas ya interpuso un recurso contra el requerimiento. El fiscal no recordó si se trata de una oposición, que resolvería el juez de garantías, o de una apelación, que iría a la Cámara. Además, la defensa de uno de los exdirectores del hospital de Quitilipi pidió ampliar su declaración como imputado, una audiencia que fue fijada para los próximos días.

Con ese panorama, Soto no prevé un juicio en lo que queda de 2026. "Teniendo en cuenta el recurso interpuesto, las fijaciones de audiencia de ese recurso, la resolución de ese recurso, yo creería que este año, casi imposible", afirmó.

El fiscal adelantó además cómo podría ser el proceso: "En caso de mantenerse la calificación legal del homicidio con dolo eventual, debería ir a juicio por jurado".

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