Pérez Pons quedó afuera del conflicto judicial entre la Bolsa de Comercio y el Municipio de Sáenz Peña

El Juzgado de Garantías local declaró la nulidad de oficio de la resolución fiscal que había admitido al diputado provincial Santiago Pérez Pons como querellante particular en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco y al Municipio de Sáenz Peña. La medida alcanza al decreto del Ministerio Público Fiscal del 4 de marzo de 2026, con el que se había habilitado provisoriamente su intervención como acusador particular en el expediente.

La decisión se tomó luego de un planteo de oposición presentado por la defensa de uno de los imputados. Al revisar esa presentación, el tribunal detectó "irregularidades sustanciales en la fundamentación fiscal" que, según consideró, podrían afectar garantías constitucionales básicas del proceso penal. Por ese motivo, en ejercicio del control de legalidad, el juzgado avanzó por iniciativa propia con la anulación del acto, sin esperar un planteo formal de nulidad.

El fallo apunta directamente a la falta de sustento suficiente para habilitar la figura del querellante particular, una herramienta que permite a una persona intervenir de manera directa en el proceso penal en condición de acusador, junto con la Fiscalía. El decreto fiscal cuestionado había considerado que Pérez Pons, en su doble carácter de vecino de Sáenz Peña y legislador provincial, contaba con un interés legítimo para impulsar la investigación de hechos vinculados al presunto uso indebido de fondos públicos municipales.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías concluyó que los vicios advertidos en la resolución comprometen su validez y, en consecuencia, dejó sin efecto tanto la admisión como la participación del denunciante en ese rol dentro del expediente. La causa investiga conductas que, en principio, fueron encuadradas en las figuras de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, todas ellas vinculadas a la administración de recursos del municipio.

Con la nueva resolución, el expediente continuará su tramitación sin la intervención del querellante particular, aunque la investigación penal sigue su curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Vale recordar que la causa lleva varios meses de avance, con más de 400 documentos aportados por la Bolsa de Comercio, declaraciones testimoniales de funcionarios del Concejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas y de la Secretaría de Economía local, y la solicitud de un asesor externo especializado en operaciones bursátiles.