Causa Vialidad: si los bienes de Cristina y Báez no alcanzan, irán por los de los exfuncionarios viales

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal habilitó el avance del decomiso dispuesto en la causa Vialidad y dejó firme el camino para rematar propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia, del empresario Lázaro Báez y de las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. El fallo incorpora una definición que amplía el alcance del recupero: si los activos de los principales acusados no alcanzan a cubrir los 684.000 millones de pesos fijados en la sentencia, también se ejecutarán los bienes del resto de los condenados, entre ellos los exfuncionarios viales Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich. El Ministerio Público Fiscal, además, podrá sumar nuevas propiedades durante el trámite.

La ejecución quedará a cargo del Tribunal Oral Federal 2 porteño, que deberá ajustarse a la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema, el reglamento que regula el destino de los efectos decomisados en causas penales. El esquema prevé subastas con notificación previa a la Dirección de Gestión Interna del Máximo Tribunal y el depósito del dinero obtenido en cuentas judiciales. Para los bienes muebles con valor económico o cultural se contempla una tasación y la posibilidad de asignarlos al Poder Judicial, al Ministerio Público o a las fuerzas de seguridad, mientras que viviendas y vehículos pasarán a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que colaborará en la puesta en valor y la subasta.

A pesar del avance procesal, fuentes judiciales reconocen que el trámite podría quedar suspendido si la defensa de la expresidenta y la del resto de los acusados presenta un recurso extraordinario ante la propia Casación. Si ese planteo es rechazado, todavía les queda una última instancia: ir en queja directamente ante la Corte Suprema. Recién después de agotar esos pasos quedaría en condiciones de avanzar el remate.

En la votación, el presidente del tribunal, Gustavo Hornos, sostuvo que sin la ejecución del decomiso la condena terminaría siendo apenas una declaración formal mientras los activos de la maniobra continúan generando rentas. El camarista también validó que el recupero alcance los bienes que Máximo y Florencia Kirchner recibieron por vía hereditaria, al considerar que se trata de transferencias gratuitas de origen ilícito. Diego Barroetaveña acompañó esa postura. La disidencia parcial estuvo a cargo de Mariano Borinsky, que propuso dejar afuera los bienes heredados por los hijos de la expresidenta al entender que no se les puede atribuir el reproche penal.

El listado incluido en la orden contempla 84 inmuebles de Lázaro Báez, un terreno en Lago Argentino a nombre de Cristina Kirchner y otros 19 que pertenecen a Máximo y Florencia. A eso se suman dos bienes de Austral Construcciones, tres de Kank y Costilla y dos de Loscalzo y Del Curto, todas firmas asociadas al empresario patagónico. Con esta resolución, Casación consolidó el criterio de que los activos derivados de hechos de corrupción pueden ser recuperados incluso cuando fueron cedidos a terceros o transmitidos por herencia, un giro que el propio fallo describe como un antecedente de peso para futuros procesos.