Quedó firme el fallo que liberó a Cristina Kirchner de pagar $22.300 millones

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial confirmó la decisión que había dictado el juez Marcelo Bruno Dos Santos y declaró la caducidad del proceso en el que Vialidad Nacional reclamaba a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados un resarcimiento de 22.300 millones de pesos. La demanda buscaba reparar el supuesto perjuicio causado por la adjudicación de la mitad de las obras viales a empresas de Lázaro Báez que no fueron concluidas.

El tribunal resolvió por mayoría, con los votos de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, mientras que la magistrada Florencia Nallar se pronunció en disidencia. Los fundamentos apuntaron a la falta de impulso del expediente durante los plazos previstos por el Código Procesal, lo que obligaba a declarar la caducidad. La última actuación considerada válida se registró en marzo de 2023, y desde entonces no se produjeron avances suficientes.

El argumento central de la defensa de la ex presidenta fue que no existían actuaciones procesales posteriores al 19 de octubre de ese mismo año que permitieran frenar el paso del tiempo. El juez de primera instancia había coincidido con esa interpretación y destacó que la propia Vialidad no advirtió omisiones en la tramitación de la demanda.

El organismo estatal intentó sostener que los actos vinculados al juicio penal por la causa Vialidad interrumpían la inactividad en el fuero civil. Sin embargo, los camaristas entendieron que esos elementos no alcanzaban para mantener abierta la instancia. Según remarcaron, el instituto de la caducidad busca evitar procesos indefinidos y garantizar seguridad jurídica.

Con esta resolución, la ex mandataria y los demás condenados en el expediente penal no deberán afrontar el pago civil reclamado. Sin embargo, la situación patrimonial de Cristina Kirchner sigue comprometida por el proceso de decomiso en trámite en Comodoro Py, que asciende a 685.000 millones de pesos, monto fijado por el Tribunal Oral Federal N° 2 tras la condena por administración fraudulenta.

El origen de estos números se remonta a las 51 licitaciones adjudicadas durante sus gobiernos, cuyo valor actualizado se estimó en 85.000 millones de pesos, según el fallo penal. Los peritajes también detectaron sobreprecios en tres de las cinco obras analizadas, con diferencias que oscilaron entre 170 y 220 millones de dólares.

De esta manera, el frente judicial de la ex presidenta suma un capítulo resuelto a su favor en el fuero civil, aunque permanece en curso el proceso más gravoso por el decomiso de bienes, que mantiene abiertas las consecuencias económicas de la condena penal.