La Justicia ordenó decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez por más de $684 mil millones
El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires ordenó la realización de propiedades y fondos vinculados a contrataciones de obra pública entre 2003 y 2015. El monto actualizado asciende a casi $685 mil millones y comprende activos considerados como producto de maniobras fraudulentas contra el Estado.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires ordenó el decomiso de bienes y fondos por un valor superior a los 684 mil millones de pesos en el marco de la Causa Vialidad. La resolución, firmada el 18 de noviembre, alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez, a otras personas condenadas y a sociedades involucradas en los contratos de obra pública investigados. También incluye a Máximo y Florencia Kirchner como titulares de inmuebles incorporados en la sentencia.
La Justicia había fijado inicialmente un monto de poco más de 84 mil millones de pesos, pero ese valor fue actualizado luego de peritajes oficiales y del trabajo del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. El tribunal adoptó la metodología de actualización sugerida por los equipos técnicos y confirmó la intimación de pago a los condenados, que no fue cumplida.
La resolución dispuso la tasación y posterior ejecución de los bienes identificados, dando prioridad a los que se comprobó que estuvieron directamente relacionados con la maniobra delictiva. Dentro del listado figuran propiedades pertenecientes a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, así como inmuebles transferidos a los hijos de la ex presidenta. El tribunal aclaró que, si los bienes ejecutados resultaran insuficientes para cubrir el total del decomiso, se avanzará sobre activos pertenecientes a otros condenados.
El proceso se apoya en normativa nacional e internacional que obliga a recuperar activos provenientes de hechos de corrupción. El tribunal consideró acreditado que, entre 2003 y 2015, las firmas de Báez y la familia Kirchner obtuvieron beneficios económicos por adjudicaciones y ejecuciones irregulares de obra pública en Santa Cruz. Bajo ese criterio, el decomiso puede extenderse a bienes transformados, sustituidos o mezclados con patrimonio lícito, siempre que haya una relación temporal razonable con los hechos investigados.
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