Los demandantes irán al CIADI e intentarán revertir el fallo favorable a la Argentina

Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF confirmaron que redoblarán la estrategia judicial tras el revés que sufrieron en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, avanzarán en dos frentes simultáneos: llevarán el reclamo al CIADI —el tribunal arbitral del Banco Mundial— y, a la vez, intentarán revertir en Estados Unidos la sentencia que dejó sin efecto la condena de USD 16.100 millones dictada por la jueza Loretta Preska en 2023.

En una presentación ante la magistrada, los abogados de Burford le anticiparon a la defensa argentina que trasladarán el caso al tribunal del Banco Mundial y le solicitaron a Preska que autorice el uso de material confidencial producido durante el juicio para sustentar la nueva demanda, según precisó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril. En paralelo, los demandantes presentarán antes del 8 de mayo una apelación para que el expediente sea revisado por un plenario de la Corte de Apelaciones neoyorquina, el tribunal de alzada que desestimó la condena contra el país y también las demandas contra la propia YPF.

El CIADI aparece como un escenario adverso para la Argentina, que perdió alrededor del 85% de los casos allí litigados. Sin embargo, los laudos que emite ese tribunal no son de ejecución automática: los beneficiarios deben recurrir a la justicia de algún país para que los fallos sean reconocidos y, eventualmente, cobrarlos mediante embargos si el Estado argentino no paga.

No es la primera vez que el caso YPF llega al tribunal arbitral del Banco Mundial. Repsol, que controlaba la petrolera antes de la estatización del 51% de las acciones en 2012, había iniciado un reclamo en esa instancia que se cerró en 2014, cuando el gobierno de Cristina Kirchner acordó una compensación de USD 5.000 millones con la empresa española.

Más allá del caso YPF, el país arrastra varios frentes abiertos en el CIADI, aunque la mayoría se inició hace más de una década. Desde 2019 tiene un laudo en contra —ya convalidado por la justicia estadounidense— por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, que entre capital e intereses asciende a unos USD 390 millones; el pago estuvo cerca de concretarse con el fondo Titan Consortium, pero finalmente el país decidió seguir apelando. A eso se suman la condena por USD 716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa de Alicurá, los USD 147 millones que reclama la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria, y el laudo por USD 196 millones a favor de Mobil Exploration por perjuicios derivados de la pesificación en el negocio gasífero.