Trapitos: la oposición impulsa un proyecto de regulación que choca con el del oficialismo

La concejal Lucila Masin presentó este lunes un proyecto de ordenanza para regularizar la actividad de los llamados "trapitos" en la ciudad de Resistencia. La iniciativa, que ingresó al Concejo Municipal acompañada por trabajadores del sector, propone un sistema de identificación, zonificación y capacitación como alternativa a la prohibición que impulsa el oficialismo.

"Lo que pretendemos y buscamos es que aquellos trabajadores de la vía pública que hoy ofrecen un servicio de limpieza o de cuidado de coches puedan estar reconocidos, puedan estar identificados, que el municipio pueda otorgar esa identificación", explicó Masin en declaraciones a N9 y Radio Nordeste.

La legisladora del Frente Chaqueño planteó que el proyecto no se limita al registro, sino que incluye instancias de formación en oficios como salida laboral para quienes no encuentran trabajo formal. "No podemos prohibir una actividad en detrimento de la situación económica que estamos transitando y atravesando", sostuvo, y advirtsaid que muchos trabajadores del sector llevan más de 20 años ofreciendo el servicio.

Denuncias de persecución

Uno de los trabajadores que acompañó la presentación denunció persecución policial. "Tengo hace 40 años trabajando acá. No somos delincuentes, somos trapitos de lavado de autos callejeros", afirmó, y relató que fue detenido durante tres horas en un operativo: "Nos llevaron injustamente, nos fabricaron causa". El hombre aseguró que intentó dialogar con el presidente del Concejo, Alejandro Aradas, pero no obtuvo respuestas.

Otro de los presentes cuestionó el trato de las fuerzas de seguridad: "La policía hoy como hoy a nosotros no nos deja estar en la calle con los trapitos porque te levantan. ¿Por qué? Porque orden del gobernador, orden del intendente". En la misma línea, señalaron que en Corrientes pueden trabajar "sin problemas, sin la municipalidad, sin la policía".

El Comité de Prevención contra la Tortura acompañó la presentación

Roberto Sotelo, del Comité de Prevención contra la Tortura, confirmó que el organismo recibió denuncias por el accionar de las fuerzas de seguridad contra trabajadores del sector. "A lo largo del año pasado y a comienzos de este año hemos recibido diferentes denuncias, diferentes pedidos de asesoramiento sobre el accionar de la fuerza de seguridad en el marco de la actividad que desempeñan estas personas", indicó, y señaló que los reclamos refieren a "prácticas arbitrarias, abusivas, que no hacen al trabajo de prevención y seguridad".

Dos proyectos contrapuestos

La iniciativa de Masin se contrapone al proyecto que presentó semanas atrás el presidente del Concejo, Alejandro Aradas, que apunta a prohibir el cobro de los trapitos en zonas donde ya funciona el estacionamiento medido (SIDEM). Aradas había calificado la situación como una "extorsión" donde "el vecino es rehén" de quienes exigen dinero en la vía pública.

Masin, en cambio, propuso que la colaboración económica sea voluntaria y que, en caso de registrarse hechos de violencia o extorsión, el municipio pueda intervenir y eliminar a los infractores del registro. "Hay que contemplar el universo general de lo que significa esta situación. Muchos trapitos es su fuente principal y es su sustento en la familia. Nos han manifestado que producto de ese trabajo pueden pagarle la universidad a sus hijos, pueden llevarlos a la escuela", argumentó.

La concejal pidió que el proyecto sea debatido con "madurez política" y con participación del sector, y cuestionó los enfoques que apuntan a la prohibición total: "Lo que se está haciendo es arrancando al revés: se aborda la consecuencia y no la causa".