Allanaron la AFA: buscan los contratos con la empresa que manejaba los negocios de la Selección en el exterior

 
Personal de Prefectura allanó este viernes las dos sedes más importantes de la Asociación del Fútbol Argentino: las oficinas de la calle Viamonte en la Ciudad de Buenos Aires y el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. Los operativos fueron ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien investiga los contratos que la entidad firmó con TourProdEnter, una empresa radicada en el exterior cuyos titulares son Javier Faroni y Erica Gillett, y que tenía a su cargo la representación comercial de las selecciones nacionales fuera del país.

Lo que buscaban los investigadores eran esos acuerdos y la documentación contable vinculada a la compra de una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar, registrada a nombre de la firma Real Central SRL. La propiedad aparece a nombre de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, pero la sospecha judicial es que ambos habrían actuado como testaferros de dirigentes de la AFA. El nudo de la investigación está en el origen del dinero: se presume que pudo haber salido de los contratos con TourProdEnter, que cobraba una comisión del 30% más un 10% adicional por tareas logísticas sobre todos los acuerdos de esponsoreo y patrocinio que la AFA cerraba en el exterior.

Una denuncia presentada en Campana por dirigentes de la Coalición Cívica —Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— sostiene que entre 2021 y 2025 se habrían movido más de 300 millones de dólares por fuera del circuito bancario argentino a través de una red de intermediarios financieros internacionales. A eso se suman indicios, aportados por la Justicia de los Estados Unidos, de transferencias hacia sociedades ligadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, quien también enfrenta una causa separada por presunta retención de aportes previsionales.

El caso tiene múltiples frentes abiertos: además de Campana, hay investigaciones paralelas en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires. González Charvay impulsa la unificación de las causas para evitar contradicciones, pero esa decisión todavía está en manos de la Cámara de Casación Penal, que fijó para el 30 de marzo una audiencia para definir bajo qué jurisdicción continuará el expediente principal sobre la mansión de Pilar.