Crece la presión en el Senado para eliminar el mecanismo automático que aumenta las dietas

El último aumento paritario otorgado al personal del Congreso volvió a poner en el centro de la escena un mecanismo que arrastra polémica desde hace dos años: el "enganche" que vincula automáticamente las dietas de los senadores con los incrementos salariales de los trabajadores legislativos. El ajuste del 11,9%, distribuido entre diciembre y mayo, elevó los ingresos brutos de los representantes provinciales a $11,5 millones mensuales, una cifra que desató críticas dentro y fuera del recinto. Ahora, varios legisladores de distintos bloques activaron negociaciones para derogar la norma que habilita esa actualización automática y que fue votada casi sin debate en abril de 2024.

El origen del problema se remonta a aquella sesión del 18 de abril, cuando el entonces senador Juan Carlos Romero logró incorporar sobre tablas un proyecto que ataba las dietas al resultado de las paritarias del personal. La votación fue a mano alzada, sin registro nominal, y duró menos de un minuto. Lo acompañaron legisladores del peronismo, el radicalismo y hasta un representante libertario. Ante el rechazo social que generó, los jefes de bloque acordaron con la vicepresidenta Victoria Villarruel sucesivos congelamientos por decreto, pero nunca se avanzó en una solución definitiva: derogar la resolución.

Esta vez, Villarruel firmó los aumentos correspondientes al acuerdo paritario, aunque dejó asentada su disconformidad e incluyó una cláusula que habilita a cada senador a donar total o parcialmente el incremento. El libertario Pablo Cervi fue más allá y planteó directamente reformar el sistema. "Hay que discutir si ese mecanismo sigue o no", sostuvo, advirtiendo que cualquier cambio requerirá consenso político entre los distintos sectores. En la misma línea, el santacruceño José María Carambia, que dona parte de su dieta desde 2025, fue contundente: "El trabajador legislativo necesita aumentos, entonces le dan aumentos y sube automáticamente el de los senadores. Eso es lo que hay que sacar, el enganche".

Desde el Justicialismo, el bloque que conduce José Mayans no emitió un pronunciamiento formal, pero algunos de sus integrantes se desmarcaron individualmente. Sergio Uñac anunció que renunciaba al aumento y afirmó que "los representantes del pueblo tenemos la obligación de actuar con responsabilidad, austeridad y coherencia". También rechazaron el incremento los santiagueños del Frente Cívico liderados por Gerardo Zamora, quienes lo consideraron "inoportuno en el marco de la situación económica que atraviesa el país".

La ola de rechazos se extendió a otros espacios. Los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut apelaron al "compromiso con una política al servicio de la gente", mientras que desde el oficialismo Patricia Bullrich y María Emilia Orozco también se pronunciaron en contra. Orozco señaló que "los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad" y pidió que la política "acompañe con responsabilidad". Los bloques de la UCR y el Pro sumaron su oposición al aumento. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta concreta: si todo el arco político dice estar en contra, ¿por qué la norma que habilita estos incrementos automáticos sigue vigente dos años después?