La Provincia negó la crisis que planteó ERSA y busca alternativas para sostener los colectivos

El Gobierno del Chaco salió a responder con dureza a la decisión comunicada por ERSA de dejar de prestar el servicio urbano en el área metropolitana. En una nota oficial, el Ministerio de Infraestructura rechazó el planteo empresario y sostuvo que no existe una situación extraordinaria que justifique una salida unilateral. De hecho, remarcó que "no se verifica en la realidad del sistema circunstancia alguna" que vuelva imposible la continuidad de la prestación y consideró improcedente hablar de una "ruptura objetiva de la ecuación económico-financiera del contrato". 

La Provincia afirmó que durante los últimos años sostuvo económicamente al sistema con distintos mecanismos de compensación, entre ellos el Fondo de Compensación Provincial y asistencias extraordinarias. En el escrito, además, detalló transferencias concretas a favor de la concesionaria entre julio de 2025 y marzo de 2026 por un total acumulado de $463.643.946,64. A eso sumó resoluciones del programa Chaco Subsidia por $500 millones en 2025, otra por $400 millones en noviembre de ese año y una asistencia extraordinaria más por $400 millones en 2026. Para el Ministerio, esos números "descartan cualquier afirmación relativa a una supuesta falta de asistencia o acompañamiento económico". 

Otro de los puntos centrales de la respuesta oficial es que el Estado niega haber incumplido con la actualización tarifaria y con el sistema de compensaciones. Según el documento, la tarifa vigente y el cuadro de asistencia fueron calculados con estudios técnicos, datos verificables y criterios económicos ajustados al marco regulatorio del SITAM. En ese contexto, el Ministerio planteó que, con variables más estables, "la sustentabilidad del sistema depende en mayor medida de la eficiencia en la gestión empresaria" y que no corresponde trasladar al Estado problemas derivados de la administración interna de la firma. 

La nota también va más allá del debate económico y marca límites concretos. El Gobierno advirtió que el contrato "no reconoce al adjudicatario facultad alguna para disponer la cesación del servicio por decisión propia" y encuadró la postura de ERSA como "un apartamiento unilateral de las obligaciones asumidas". Además, sostuvo que detrás del planteo hay "un intento de trasladar al Estado Provincial el riesgo empresario propio de la actividad concesionada", algo que —según remarca— no está previsto ni en el contrato ni en la normativa vigente. 

En paralelo, la Provincia dejó abierta la puerta a un escenario de reemplazo si ERSA efectivamente abandona la prestación. El documento señala que se ejercerán todas las facultades contractuales y legales para garantizar el servicio, incluyendo sanciones, ejecución de garantías, reclamos por daños y hasta la exclusión de la empresa como proveedora del Estado. También advierte que no se podrán mover unidades sin autorización y que un eventual traslado podría incluso configurar el delito de "desbaratamiento de derechos acordados". El cierre del texto no deja demasiado lugar a interpretación: "La Provincia del Chaco no tolerará decisiones unilaterales que comprometan un servicio esencial".