El Concejo apunta a erradicar el cobro ilegal de los "trapitos" en zonas de estacionamiento medido

El Concejo Municipal de Resistencia analiza una ordenanza destinada a erradicar el cobro ilegal que ejercen los llamados "trapitos" o "cuidacoches" en zonas donde el estacionamiento medido ya está vigente. El proyecto, impulsado por el presidente del cuerpo, Alejandro Aradas, fue derivado la semana pasada a las comisiones de Asuntos Generales y Obras Públicas, esta última por la necesaria intervención de la Subsecretaría de Tránsito municipal.

La lógica del proyecto es simple en su formulación: donde el municipio ya percibe un canon por el uso del espacio público, no puede coexistir ningún otro cobro de carácter informal. "El proyecto dice que donde hay un cobro de estacionamiento medido no puede existir otro tipo de cobro ilegal", sintetizó Aradas.

El legislador describió la dinámica que, según denuncias de vecinos, se repite con frecuencia en distintos puntos de la ciudad. El automovilista que decide no pagar el monto exigido por el trapito corre el riesgo de encontrar su vehículo dañado al regresar: rayones, neumáticos pinchados o roturas diversas son algunas de las represalias que habrían sufrido quienes se negaron a colaborar. "Vos te vas, dejás tu auto estacionado y después se desquitan con tu vehículo", graficó Aradas.

El presidente del Concejo fue cuidadoso al trazar una distinción conceptual dentro de la práctica. A su criterio, la colaboración voluntaria con alguien que cuida un vehículo sin exigir contraprestación pertenece al ámbito de la libre decisión personal y no puede ni debe ser regulada por ley. El problema, advirtió, surge cuando esa colaboración deja de ser voluntaria y se convierte en una imposición. "Una cosa es que vos colabores de manera desinteresada dándole algo, eso es voluntario. Pero otra cosa es cuando te exigen un monto determinado y vos sabés que sos rehén", diferenció.

Ciudades que ya tomaron el camino

Para respaldar la viabilidad de la medida, Aradas citó los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, donde la figura del cuidacoches fue eliminada de los centros urbanos mediante regulación específica. En ambos casos, la justificación fue análoga a la que sostiene el proyecto resistenciano: el cobro del estacionamiento medido ya constituye un aporte del ciudadano al mantenimiento de la infraestructura vial, por lo que cualquier cobro adicional carece de sustento y opera en la ilegalidad.

A diferencia del proyecto del "vecino supervisor", que exige ocho votos por afectar el Código Ambiental, esta ordenanza requeriría únicamente mayoría simple para ser sancionada, umbral que el oficialismo estaría en condiciones de alcanzar. "Me parece que vamos a poder sacarlo con mayoría simple, que es la que tenemos", indicó Aradas, aunque aclaró que el bloque se mantendrá abierto al diálogo con las demás fuerzas políticas en busca de un respaldo más amplio.

La cuestión, según el legislador, excede lo meramente normativo y remite a un principio básico de convivencia urbana: que el ciudadano que cumple con sus obligaciones frente al municipio no quede expuesto, además, a situaciones de violencia o intimidación en el espacio público. "No podemos permitir esa situación", cerró Aradas.