Terminó el operativo en la Bolsa de Comercio del Chaco luego de más de 20 horas de allanamiento

Un extenso operativo de la Policía Federal Argentina se desarrolló durante más de 20 horas en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco, ubicada sobre avenida Frondizi casi peatonal Illia, en la ciudad de Resistencia. El allanamiento comenzó cerca de las 10 de la mañana del martes y finalizó pasadas las 6:30 de este miércoles, cuando los últimos efectivos abandonaron el edificio tras una madrugada completa de trabajo en el lugar.

El procedimiento fue ordenado por la jueza federal Zunilda Niremperger y se realizó en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini. Durante la diligencia se revisó una gran cantidad de documentación física y digital. Según trascendió, el operativo se extendió durante toda la noche debido al volumen de archivos informáticos que debían ser analizados y copiados siguiendo protocolos judiciales específicos.

Para estas tareas intervino un equipo especializado de la Policía Federal integrado por contadores e informáticos que fue enviado desde Buenos Aires. Este grupo se encargó de examinar computadoras, discos externos, pendrives y otros dispositivos electrónicos en busca de información vinculada a las operaciones financieras bajo investigación. Cada extracción de datos requiere procedimientos técnicos que aseguren la autenticidad y preservación de la evidencia digital.

Los allanamientos no se limitaron a la capital chaqueña. Durante la misma jornada se realizaron procedimientos en distintos puntos de la provincia, entre ellos en Presidencia Roque Sáenz Peña y en la ciudad de Charata, donde también se investigan movimientos financieros de empresas relacionadas con el sector agropecuario. En total, los operativos fueron planificados durante una semana antes de ejecutarse de manera simultánea.

En el marco de estas diligencias se secuestraron varios dispositivos electrónicos. Entre ellos se encuentran teléfonos celulares pertenecientes al titular de la Bolsa de Comercio, Julio Barrios Cima, y un celular junto con una computadora vinculados al secretario de Gobierno del municipio de Sáenz Peña, Diego Landriscina. Los investigadores consideran que el análisis de estos equipos podría aportar información relevante para reconstruir las operaciones financieras investigadas.

Uno de los episodios llamativos de la jornada de ayer ocurrió cuando Barrios Cima ya tenía un teléfono secuestrado por la Policía Federal en el peaje de Makallé durante la mañana, mientras se dirigía a declarar ante la fiscalía de Sáenz Peña. Sin embargo, durante la noche, mientras se desarrollaba el allanamiento en la sede de la Bolsa, comenzó a sonar otro celular que también le pertenecía y que finalmente fue incautado por los investigadores.

La causa busca determinar si se cometieron delitos vinculados a operaciones financieras con fondos públicos que habrían sido invertidos a través de la Bolsa de Comercio. Entre las figuras que analiza la Justicia federal se encuentran abuso de información privilegiada, lavado de dinero, malversación de caudales públicos y fraude contra la administración pública.

Según los datos incorporados a la investigación, el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña habría depositado alrededor de 1.500 millones de pesos en la entidad bursátil para su inversión en instrumentos financieros. Los investigadores intentan establecer cómo fueron utilizadas esas sumas, si existieron operaciones de alto riesgo y qué responsabilidades podrían corresponder a los distintos actores involucrados.

Mientras avanza el análisis de la documentación secuestrada, la causa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales. El contenido de los dispositivos electrónicos y de los archivos financieros será clave para determinar el alcance de las maniobras investigadas y si derivan en nuevas imputaciones o posibles detenciones en las próximas etapas del proceso.