Diego Landriscina: el asesor de los dos lados del mostrador, comisiones, cheques y poder de firma

Entre facturas millonarias, cambios de "perfil de riesgo" y el presunto uso de fondos públicos como caja de especulación financiera, el Secretario de Gobierno de Sáenz Peña —hoy bajo licencia— quedó en el epicentro de un escándalo que involucra 1.500 millones de pesos y una presunta asociación ilícita con la Bolsa de Comercio del Chaco.

¿Actuó solo? ¿Alguien dentro de la Bolsa lo incentivó a asumir mayores riesgos? ¿Cuánta decisión sobre el dinero público recaía en el representante del municipio y cuánta responsabilidad le cabe a la entidad bursátil? ¿Existió una convivencia para impulsar el descuento de cheques de empresas insolventes? ¿Nadie encendió una alerta? ¿No hubo ningún "foco amarillo" interno?

La calma de la "Termal" se rompió cuando los números dejaron de cerrar

Todo comenzó como una denuncia de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña contra la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) por una supuesta estafa superior a los 500 millones de pesos en cheques no garantizados. Ante ello, el gerente general de la entidad bursátil, Julio Barrios Cima, sostuvo que "todos sabían a lo que jugaban", incluida la Municipalidad.

Hoy, la Justicia Federal y Provincial continúan investigando una presunta estafa millonaria que afectaría tanto a privados como a organismos públicos. Sáenz Peña sostiene haber sido damnificada por cerca de 1.500 millones de pesos. En esa trama, también se analizan responsabilidades dentro del municipio y Diego Landriscina aparece como el principal imputado.

El asesor de los dos lados del mostrador

La pieza que cerró el círculo no fue un rumor, sino la aparición de facturas emitidas desde su propio CUIT personal. Según las investigaciones y denuncias que tomaron estado público, Landriscina no solo era Secretario de Gobierno y mano derecha del intendente Bruno Cipolini, sino que además figuraba ante la Bolsa como el único agente autorizado para operar la cuenta comitente del municipio.

La incompatibilidad resulta evidente: mientras su función pública le exigía resguardar el erario, su rol como "productor bursátil" le permitía percibir comisiones por cada movimiento de esos fondos. Documentación revelada indica que habría acordado con la BCCH el 50% de las comisiones generadas. Durante 2025, habría percibido ingresos de hasta por lo menos 15 millones de pesos por ese concepto.

El giro hacia la especulación

El punto de quiebre en la causa radica en el cambio del "perfil de inversor". Durante más de una década, el municipio mantuvo un perfil conservador, limitado a instrumentos de bajo riesgo para proteger los fondos de la inflación.

Sin embargo, en 2023 ese perfil fue modificado a "moderado/arriesgado". Ese cambio técnico habilitó la derivación de fondos públicos hacia instrumentos no garantizados, como cheques de pago diferido vinculados al empresario Rubén Roberto Médula, hoy también bajo investigación junto a la firma "Estancia La Real".

El paso al costado y la sombra del embargo

Acorralado por la documentación y la presión pública, Landriscina solicitó licencia el 23 de febrero para "preservar la institucionalidad". No obstante, la causa avanzó: la Justicia ordenó embargos preventivos y pidió al Banco Central el rastreo de cuentas en todo el país para intentar recuperar activos.

La Bolsa, por su parte, busca desmarcarse y sostiene que actuó como intermediaria. Sin embargo, el debate sobre su responsabilidad como asesora financiera del municipio sigue abierto. Desde el entorno municipal deslizan que "nadie induce a perder" y que Landriscina habría sido "expuesto" por operadores del mercado.

La pregunta que hoy atraviesa a la ciudadanía de Sáenz Peña es directa:
¿cómo pudo un funcionario operar con tal nivel de autonomía sobre 1.500 millones de pesos sin que los mecanismos de control interno activaran alarmas?