Cronología del caso financiero que conmociona a la City chaqueña
Una denuncia por presuntas inversiones de alto riesgo con fondos municipales derivó en un embargo por $1.900 millones, el depósito judicial de dinero por parte de la Bolsa y una investigación que podría sentar precedente para otros inversores en la provincia.

El conflicto entre el Municipio de Sáenz Peña y la Bolsa de Comercio del Chaco pasó en pocos días de trascendidos mediáticos a decisiones judiciales de alto impacto. La secuencia de hechos muestra cómo una denuncia inicial derivó en un embargo millonario y en el depósito de fondos por parte de la entidad bursátil, marcando un punto de inflexión en el mercado financiero provincial.
12 de febrero de 2026 — Primera denuncia formal


El diputado provincial Santiago Pérez Pons presenta una denuncia judicial tras publicaciones periodísticas que advertían sobre presuntas inversiones de alto riesgo realizadas con fondos del Municipio de Sáenz Peña a través de la Bolsa de Comercio del Chaco. La presentación activa la intervención de la Justicia y pone el tema en la agenda pública.

19 de febrero de 2026 — Respuesta del intendente
El intendente Bruno Cipolini brinda una conferencia de prensa. Sostiene que el Ejecutivo municipal no autorizó inversiones de alto riesgo y que desconocía ese tipo de operatorias. Anuncia acciones judiciales para recuperar los fondos y remarca que su gestión no avaló movimientos financieros que se apartaran del perfil conservador.

20 de febrero de 2026 — Conferencia de la Bolsa
Autoridades de la Bolsa de Comercio del Chaco responden desde Resistencia. Niegan que exista una crisis financiera, aseguran que la operatoria estaba autorizada y afirman que el Municipio operaba desde 2023 mediante un profesional habilitado. Buscan llevar tranquilidad a socios e inversores y rechazan la idea de irregularidades.

23 de febrero de 2026 — Licencia del funcionario
Diego Landriscina, secretario de Gobierno municipal y asesor financiero certificado que estaba habilitado para operar en nombre del Municipio, solicita licencia. El argumento es facilitar la investigación y despejar cuestionamientos sobre su intervención en las inversiones observadas.

26 de febrero de 2026 — Embargo preventivo por $1.900 millones
El juez Carlos De Césare, a cargo del Juzgado Correccional de Sáenz Peña, dicta un embargo preventivo por aproximadamente 1.900 millones de pesos contra la Bolsa de Comercio del Chaco. La medida responde a una acción impulsada por el Municipio para resguardar fondos públicos mientras se analiza el fondo de la causa.
27 de febrero de 2026 — Depósito judicial y anuncio de apelación
La Bolsa informa que deposita fondos propios a disposición de la Justicia para cumplir con la cautelar. Sostiene que el monto reclamado es superior al que reconoce como obligación, cifra que ubica en torno a los 505 millones de pesos, y anticipa que apelará la medida. Con este paso, la entidad pasa de una postura exclusivamente defensiva a un reconocimiento práctico del peso judicial del reclamo.

Escenario actual — Investigación en curso y posible precedente
La Justicia provincial y federal analiza si existió consentimiento válido para las operatorias, si se respetó el perfil de inversión acordado y si pudo configurarse un perjuicio al erario público. En paralelo, el caso podría sentar precedente para otros inversores que se consideran afectados. Entre ellos se menciona a representados por el abogado Víctor Ruiz Díaz, incluidos los hermanos Julio y Enrique Díez.
La discusión ahora también gira en torno a la naturaleza de los fondos involucrados: si eran inversiones garantizadas, como sostiene el Municipio, o si correspondían a productos financieros de mayor riesgo. Esa diferencia podría resultar determinante en el desenlace judicial y en la eventual multiplicación de reclamos en la provincia.
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