El Gobierno prepara unas 50 reformas más para el período de sesiones ordinarias

Luego de cerrar el verano con varias iniciativas aprobadas, el Gobierno nacional se prepara para una nueva etapa legislativa con una agenda amplia. En la Casa Rosada aseguran que hay cerca de 50 proyectos en análisis que podrían ser enviados al Congreso a lo largo de este año. El objetivo es avanzar en reformas estructurales vinculadas al sistema político, el orden fiscal, la legislación penal y distintos sectores estratégicos.

En el tramo final de las sesiones extraordinarias, el oficialismo confía en completar la sanción de normas como la ley de glaciares, el régimen penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, otros temas quedaron pendientes por cuestiones de estrategia parlamentaria y se trasladarán al período ordinario que se abrirá en marzo.

El Presidente solicitó a sus ministros que presenten propuestas concretas para cada área de gestión. Parte de esas iniciativas fueron trabajadas en el Consejo de Mayo, un espacio integrado por representantes del Poder Ejecutivo, gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas. De ese ámbito surgieron proyectos como la denominada Ley de Libertad Educativa, que propone modificaciones en la organización y el financiamiento del sistema educativo vigente desde 2006, así como nuevas discusiones sobre el financiamiento universitario.

También se elaboró un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca reforzar la prohibición del déficit y establecer límites a la aprobación de gastos sin respaldo presupuestario. En paralelo, se redactó una propuesta para fortalecer la protección de la propiedad privada, con cambios en los regímenes de expropiación y en los procedimientos de desalojo.

En materia electoral, el Ministerio del Interior trabaja en una reforma política que incluye ajustes a la Boleta Única en Papel, mayores controles sobre el financiamiento partidario y la posible eliminación de las elecciones primarias. Entre las alternativas en estudio figura la incorporación de un casillero que permita seleccionar la lista completa con una sola marca. Según fuentes oficiales, la supresión de las primarias es uno de los puntos centrales por el impacto presupuestario que generan.

Durante el período ordinario también se intentará debatir un nuevo Código Penal. El texto fue elaborado por una comisión de especialistas convocada por el Poder Ejecutivo y pasó de una versión inicial de 540 artículos a un borrador ampliado de más de 900. El proyecto introduce cambios en delitos vinculados a la corrupción, el terrorismo y el endurecimiento de penas, amplía la imprescriptibilidad a determinados crímenes y suma figuras como la criminalidad ambiental y una redacción más precisa para delitos cometidos por motochorros.

En el plano internacional, resta la aprobación legislativa del acuerdo comercial con Estados Unidos, que requerirá adaptar normas locales a los compromisos asumidos. A su vez, el Ministerio de Salud trabaja en nuevas iniciativas que serán presentadas en las próximas semanas, mientras que en el ámbito laboral podrían retomarse debates pendientes como el régimen de licencias médicas. Desde el sector industrial incluso se propuso un esquema mixto de pago de salarios durante los primeros días de licencia, con participación parcial del Estado.

Con este panorama, el oficialismo encara un año legislativo intenso, en el que deberá negociar apoyos para avanzar con reformas de alto impacto político y económico. La definición de prioridades y la construcción de mayorías serán determinantes para el ritmo que finalmente tenga esta agenda amplia que el Gobierno busca instalar en el Congreso.