Milei apuesta a inundar el Congreso con reformas y el peronismo busca cómo responder

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso dejó una hoja de ruta clara: el gobierno de Javier Milei pretende monopolizar la actividad legislativa con una sucesión de proyectos de ley que, según el propio presidente, apuntan a "rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina". El anuncio contempla unas 90 iniciativas distribuidas en paquetes que cada ministerio enviará de manera escalonada, a razón de al menos diez por mes, hasta el cierre del año.

El abanico de temas es ambicioso y abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. Entre las reformas mencionadas figuran modificaciones al Código Civil y Comercial y a su par procesal, cambios en la Ley de Defensa del Consumidor y en la de Defensa de la Competencia, una reestructuración del Régimen Tributario y del Código Aduanero, la ratificación de un acuerdo bilateral con Estados Unidos junto con la suscripción de nuevos tratados internacionales, la eliminación de lo que el Ejecutivo denomina "barreras ambientales", una reforma del sistema electoral y del financiamiento partidario, modificaciones en el Código Penal y en el sistema judicial, una reforma educativa que alcanzaría los tres niveles y una nueva ley de semillas, además de proyectos de desregulación en distintos sectores de la economía.

El oficialismo tiene las llaves del trámite parlamentario

Más allá de la extensión del listado, lo que preocupa a la oposición es la capacidad concreta del oficialismo para hacer avanzar esos proyectos. La Libertad Avanza no solo cuenta con el respaldo legislativo del PRO y de la UCR, sino que además controla un eslabón clave del proceso: las presidencias de comisión.

Antes de que cualquier iniciativa llegue al recinto para ser votada, debe ser analizada en las comisiones temáticas correspondientes. Quien preside una comisión tiene la facultad de convocar reuniones, fijar el orden del día y, en definitiva, decidir qué proyectos avanzan y cuáles quedan cajoneados. Durante las sesiones extraordinarias, el oficialismo y sus aliados se aseguraron la conducción de todas las comisiones conformadas: Presupuesto y Hacienda quedó en manos de Bertie Benegas Lynch; Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz; Legislación Penal fue para Laura Rodríguez Machado; Justicia, para Álvaro Martínez; Trabajo, para Lisandro Almirón; Juventud y Niñez, para María Gabriela Flores; Recursos Naturales, para José Peluc; Relaciones Exteriores, para Juliana Santillán; y Mercosur, para Damián Arabia.

Un importante referente de Unión por la Patria lo resumió con crudeza: "La agenda del Congreso la podés manejar si tenés alguna presidencia que te permita avanzar con los proyectos. Pero ellos hasta ahora se quedaron con todo y no hay perspectivas de que le dejen alguna importante a la oposición".

La misma fuente agregó que los legisladores libertarios adoptaron rápidamente las prácticas más efectivas del juego parlamentario: "Aunque te dejen la presidencia de alguna comisión, primero le van a dar giro a los proyectos para que pasen por alguna de las comisiones que controlan ellos, y ahí te la cajonean".

Las opciones de la oposición: pocas y costosas

Frente a ese cuadro, el peronismo dispone de una herramienta formal: los emplazamientos, un mecanismo reglamentario que obliga a las comisiones a dictaminar sobre un proyecto en un plazo determinado, independientemente de la voluntad de quien las conduzca. El recurso fue utilizado con frecuencia durante el año pasado, pero tiene un requisito difícil de cumplir en el contexto actual: necesita mayoría en el recinto, algo que hoy la oposición no está en condiciones de reunir. "Mientras el núcleo de aliados dialoguistas se mantenga firme, va a estar muy complicado", reconocieron desde las filas peronistas.

La apuesta al desgaste

Donde sí coinciden distintos sectores de la oposición es en un diagnóstico: el acompañamiento de los gobernadores al oficialismo no es eterno. La lógica territorial y el calendario electoral, sostienen, terminarán por erosionar esa alianza.

Desde el peronismo anticipan que muchas provincias mantendrán una postura de alineamiento con la Casa Rosada durante 2026, pero que la dinámica cambiará a medida que se acerquen los comicios de medio término. "Muchas provincias van a tener una lógica sumisa este año, pero el año que viene la lógica electoral va a empezar a imponerse desde muy temprano y los gobernadores se van a tener que diferenciar para no perder el control de sus territorios", advirtieron.

Otros dirigentes opositores creen que ni siquiera habrá que esperar tanto. Confían en que la evolución de la economía puede alterar las alianzas antes de lo previsto: "Los dialoguistas van a ir para donde vaya el viento; ya fueron para un lado en 2024 y después para el otro lado en 2025", graficaron.

Un diputado que no responde al liderazgo de Cristina Kirchner sumó otro elemento al análisis. Según su lectura, la imagen del presidente viene en retroceso y el tono confrontativo que exhibió durante su discurso del domingo fue una reacción directa a esa caída. "Ya perdió todo lo que ganó en octubre y a pesar de que tuvo muchos éxitos durante el verano no está recuperando imagen", señaló.

La pelea por la calle y la visibilidad

Más allá de la aritmética legislativa, un sector del peronismo insiste en que la disputa no puede limitarse al recinto. Proponen construir una agenda propositiva que funcione como contrapunto a la del oficialismo y, si el Congreso está bloqueado, llevar esa agenda a los medios y a la movilización social.

El argumento tiene un antecedente que varios dirigentes mencionan como referencia: la reforma previsional impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri. "Una cosa es perder una votación en el recinto y otra es perder la agenda en la calle. El mejor ejemplo es lo que pasó con Macri, que ganó la votación de la reforma previsional pero después perdió la agenda de ahí en adelante", recordaron.

Para el peronismo, el desafío de los próximos meses es doble: resistir una ofensiva legislativa para la que no tiene los números y, al mismo tiempo, construir una narrativa alternativa que le permita llegar competitivo a la contienda electoral. El oficialismo, en cambio, parece haber elegido la velocidad como estrategia: avanzar con tantas reformas que la oposición no tenga tiempo de articular una respuesta unificada.