Habló el denunciante: "No es un club de fútbol de barrio, es una Bolsa de Comercio"

Una denuncia penal presentada por el abogado Víctor Oscar Ruiz Díaz, en su carácter de socio de la Bolsa de Comercio del Chaco, activó una investigación preliminar en la Justicia Federal para determinar la posible comisión de delitos vinculados a operatorias financieras realizadas a través de la entidad.

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La presentación solicita el inicio de una Investigación Penal Preparatoria "en averiguación de delito" por presuntas infracciones a la normativa del mercado de capitales y apunta a eventuales responsabilidades por acción u omisión de autoridades, directivos y responsables de control.

En diálogo con N9, Ruiz Díaz explicó que su decisión se basó en el cúmulo de publicaciones y señalamientos que, a su criterio, podían afectar de manera grave la confianza pública y la credibilidad del mercado. Planteó que la situación tiene una "potencialidad" elevada de daño institucional y advirtió que "el escenario es el peor para la institución" si se confirma un deterioro de la reputación y de la seguridad jurídica para inversores. En ese sentido, sostuvo que su objetivo es que el caso se esclarezca en sede federal, por tratarse de materia vinculada a la protección del inversor.

El abogado señaló que una de las claves de la investigación será determinar cómo se cursaron ciertas operatorias y si existían respaldos suficientes. "No sé si la persona que emitió los valores tenía los respaldos suficientes", afirmó, y consideró que, de existir riesgos de contraparte, debieron funcionar los mecanismos de supervisión y control interno. A su entender, reconstruir el circuito operativo permitirá establecer qué decisiones se tomaron, quiénes intervinieron y si hubo conductas reprochables penalmente.

Ruiz Díaz fue especialmente crítico al referirse a las responsabilidades institucionales. "No es un club de fútbol de barrio, es una Bolsa de Comercio", remarcó, y agregó: "Los directivos no pueden lavarse las manos". En esa línea, sostuvo que el Consejo Directivo tiene un deber de dirección y administración y que la alta gerencia no puede ser presentada como único eslabón responsable. También dejó una definición sobre la cadena de mando operativa: "El empleado que hizo la negociación habrá estado supervisado", al sugerir que las decisiones y controles deben estar debidamente documentados.

Finalmente, Ruiz Díaz cuestionó la respuesta institucional ante el conflicto y reclamó explicaciones tempranas para evitar un deterioro mayor de la confianza. "La mejor manera de llevar tranquilidad es con claridad", sostuvo, y criticó la demora en la comunicación pública: "Las explicaciones debieron darlas desde el primer momento". En un contexto de investigaciones administrativas y judiciales en curso, el denunciante insistió en que la transparencia y la trazabilidad de las operatorias serán determinantes para esclarecer responsabilidades y dimensionar el alcance real del caso.