"Hemos hecho el pedido formal al Servicio Penitenciario Federal"

Tras la prisión perpetua dictada contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, aseguró que el Gobierno provincial busca "darle un cierre, un fin de ciclo" a la etapa judicial del caso. En ese marco, destacó el trabajo de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial durante todo el proceso investigativo y el juicio.

"Han dado muestra de mucho profesionalismo, de mucha convicción", afirmó el funcionario, y subrayó que el resultado judicial se alcanzó "a pesar de las presiones políticas y piqueteras" que se registraron en los primeros momentos de la causa. En ese sentido, recordó episodios de tensión institucional y señaló que las fuerzas estuvieron "a la altura de las circunstancias".

En relación con el cumplimiento de la pena, Matkovich confirmó que la Provincia avanzó con un pedido formal para trasladar a los condenados al Servicio Penitenciario Federal. "Hoy estamos haciendo el pedido formal para que el traslado sea lo antes posible", sostuvo, al explicar que existen causas federales pendientes y que el objetivo es garantizar las condiciones adecuadas de custodia y seguridad.

Si bien la jueza dispuso que los condenados permanezcan en el ámbito provincial, el ministro aclaró que será la autoridad federal la que determine el destino final. "No somos quién para imponerle al servicio", indicó, al remarcar que la decisión quedará en manos del Servicio Penitenciario Federal, incluso respecto de si el eventual traslado se concreta dentro o fuera de la provincia.

Por otra parte, el titular de Seguridad se refirió a la situación salarial del personal policial y penitenciario y aseguró que se analizan alternativas de mejora. "Estamos evaluando todas las posibilidades para que tengan un reconocimiento económico", expresó, aunque aclaró que cualquier medida deberá encuadrarse en las posibilidades financieras de la provincia, en un contexto complejo.

De esta manera, el Ejecutivo provincial busca cerrar la etapa judicial del caso, reforzar las condiciones de custodia de los condenados y sostener la estructura de seguridad institucional, luego de una causa que marcó profundamente a la sociedad chaqueña y que culminó con tres condenas a prisión perpetua y penas por encubrimiento.