Argentina volvió a rechazar pedidos de información sobre activos soberanos

En una nueva audiencia de seguimiento realizada en los tribunales de Nueva York, la Argentina volvió a ratificar su negativa a entregar información vinculada a activos soberanos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El encuentro se llevó a cabo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y fue encabezado por la jueza Loretta Preska, con la participación de los demandantes liderados por Burford Capital y los representantes del Estado argentino.

La audiencia se realizó en un contexto de creciente tensión procesal, luego de que los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina al pago de USD 16.000 millones impulsaran una acusación de desacato y solicitaran sanciones por presunto incumplimiento de órdenes judiciales. En paralelo, la defensa argentina presentó un pedido formal para suspender el proceso de discovery, la etapa en la que las partes intercambian información y documentación relevante para el litigio.

Durante la reunión, el Estado argentino reiteró su rechazo a determinados requerimientos que consideró improcedentes, en particular aquellos relacionados con activos que entiende protegidos por inmunidades soberanas. Entre los puntos más sensibles estuvo el pedido de información sobre la localización y el uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina, un planteo que ya había sido objetado en instancias anteriores. La posición oficial sostiene que esas reservas pertenecen a un organismo autónomo e independiente, y que el Tesoro Nacional no cuenta con acceso directo a ese tipo de datos.

Desde la defensa argentina remarcaron que la negativa a suministrar esa información se inscribe en una estrategia de protección de la soberanía estatal y de activos que no pueden ser alcanzados por medidas de ejecución. En ese marco, el Gobierno señaló que, pese al rechazo a ciertos pedidos, el país ha cumplido con sus obligaciones procesales y ya puso a disposición del tribunal más de 115.000 páginas de documentación considerada pertinente para la causa.

El conflicto judicial tiene su origen en la sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. Los derechos del litigio fueron adquiridos posteriormente por Burford Capital, que busca ejecutar el fallo en los tribunales estadounidenses. En los últimos meses, el Estado argentino presentó distintos recursos para frenar tanto la ejecución de la sentencia como la entrega del 51% de las acciones de la petrolera, al considerar que esas medidas vulneran principios básicos del ordenamiento jurídico interno.

La audiencia no resolvió de fondo la disputa sobre el alcance del discovery ni la acusación de desacato, pero permitió fijar el cronograma de los próximos pasos. La Argentina presentará su descargo frente al pedido de sanciones el 19 de febrero, mientras que los demandantes deberán responder antes a la solicitud de suspensión del proceso. Con esos intercambios concluidos, la jueza Preska quedará en condiciones de definir cómo continúa uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta el país.