La ministra de Seguridad pidió bajar la edad de imputabilidad a 12 años

El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a ocupar un lugar central en la agenda política nacional. En medio del tratamiento del Régimen Penal Juvenil dentro del temario de sesiones extraordinarias, el Gobierno ratificó su postura y profundizó su posición, al considerar que el límite etario debería ser incluso menor al planteado en el proyecto oficial que propone fijarlo en 13 años.

En ese marco, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva sostuvo que la legislación vigente quedó desactualizada frente a las nuevas modalidades del delito. "Tenemos una normativa de 1980 y las organizaciones criminales han cambiado, reclutan chicos", afirmó, y planteó que la Ley Penal Juvenil "debería ser de 12 años". Desde el oficialismo remarcan que el sistema actual no ofrece herramientas suficientes para responder a delitos graves cometidos por menores y que la reforma apunta a cerrar ese vacío legal.

Mientras el Ejecutivo confía en avanzar con la iniciativa durante febrero, el proyecto genera tensiones incluso entre bloques aliados. Legisladores que acompañan al Gobierno expresaron reparos sobre dos aspectos centrales de la propuesta: el alcance de las penas y el esquema de reinserción social previsto para los adolescentes alcanzados por la reforma. Aun así, en la Casa Rosada consideran que existen los votos necesarios para habilitar el debate y lograr su aprobación, aunque admiten que el Senado será el ámbito donde se concentrará la discusión más compleja.

En paralelo, el presidente Javier Milei volvió a marcar definiciones duras en otros frentes. En declaraciones recientes cuestionó a sectores empresarios con vínculos con el Estado y lanzó una advertencia directa: "Los empresarios que hacen negocios turbios con el Estado deben ir a la quiebra". Además, el oficialismo ratificó que no modificará el dictamen de la reforma laboral ya aprobado en comisiones y que la negociación política con los gobernadores se trasladará a la Cámara alta.

Por otro lado, el Gobierno sigue atento a la evolución del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde la Casa Rosada esperan que Cancillería termine de ajustar aspectos técnicos del tratado para enviarlo al Congreso, aunque reconocen que los tiempos podrían extenderse por las definiciones pendientes en el ámbito europeo. Así, la agenda legislativa de febrero combina debates estructurales, tensiones políticas y definiciones clave que marcarán el rumbo del primer tramo del año parlamentario.