Bajan la edad de imputabilidad: "Un menor de 13 años comete un delito de pobre"

En una sesión que se extendió hasta las 18.15, el Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y estableció la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en la República Argentina. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, marcando una modificación histórica a la normativa vigente desde 1980. La ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, período en el cual las provincias deberán adecuar sus estructuras.

El texto crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, establece la presunción favorable a la minoría de edad y dispone que los menores no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos. Además, introduce principios como la legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando medidas educativas y de reinserción social.

En diálogo con N9, el abogado penalista Marco Molero calificó el tratamiento legislativo como "una paupérrima discusión parlamentaria" y sostuvo que no escuchó fundamentos técnicos suficientes. "No escuché información científica de los senadores", señaló, al cuestionar la ausencia de aportes desde la psicología y otras disciplinas que aborden la madurez y la capacidad de comprensión de los adolescentes.

Consultado sobre la efectividad de la medida para reducir el delito, el letrado fue escéptico. Señaló que en otros países donde se redujo la edad penal no se verificó una baja significativa en los índices delictivos y advirtió que el fenómeno criminal es complejo. "Dependerá de la expectativa social", indicó, aunque consideró que pensar que la sola sanción de una ley resolverá el problema puede resultar utópico.

Molero también puso el foco en el sistema penitenciario actual y en la reinserción. "Depositar gente en un espacio es una pena", expresó, al describir la privación de libertad como una medida aflictiva que, en muchos casos, no logra el objetivo de reeducación. En esa línea, advirtió que el régimen prevé que la detención sea el último recurso, pero que será determinante la creación de instituciones coadyuvantes y el presupuesto real para sostenerlas.

En un tramo más conceptual del debate, el penalista cuestionó la idea de "delitos de adultos, penas de adultos" y planteó que el sistema penal suele captar a los sectores más vulnerables. "Un menor de 13 años comete un delito de pobre", afirmó, al remarcar que no se trata de conductas vinculadas a delitos económicos complejos sino a problemáticas sociales estructurales. Con la ley ya sancionada, el desafío ahora será su implementación efectiva y la evaluación de sus resultados en la práctica.