"De ninguna manera hay intromisión entre los poderes. Los jueces son libres", aseguró Livio Gutiérrez

El secretario de Coordinación de Gabinete del Chaco, Livio Gutiérrez, respondió a las recientesacusaciones de la Asociación de Abogados Penalistas de la provincia sobre la supuesta intromisión del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales, específicamente en el caso de Carlos Barraza. En declaraciones a los medios, Gutiérrez negó rotundamente estas acusaciones y defendió la independencia del Poder Judicial.

"De ninguna manera hay intromisión entre los poderes del Estado, los jueces son libres", afirmó Gutiérrez, refiriéndose directamente a los comentarios del Dr. Adrián Gaitán, representante de la Asociación de Abogados Penalistas del Chaco. "Definitivamente no existe y si lo dice lo va a tener que acreditar", añadió.

Gutiérrez explicó que la reciente revisión de la decisión judicial que otorgaba prisión domiciliaria a Carlos Barraza fue resultado de un proceso legal adecuado. "Los jueces tienen la suficiente autonomía en la provincia del Chaco para tomar las decisiones que toman y lo que sucedió con el caso es simplemente la reversibilidad de una definición que nosotros entendíamos que no estaba bien", dijo.

Barraza, detenido el 19 de enero de 2024 por acusaciones de fraude y peculado, fue beneficiado con prisión domiciliaria el 19 de julio por la jueza María de Las Mercedes Pereyra. Esta decisión fue apelada por los fiscales y anulada por el juez de garantías Horacio Sandoval. "Esa medida se apeló por parte de los fiscales y los fiscales revisaron la medida y volvió a la cárcel", detalló Gutiérrez.

El Secretario también mencionó que Barraza había estado prófugo antes de su detención domiciliaria, lo cual, según él, es un antecedente negativo que influye en la decisión judicial. "No es un antecedente que lo beneficie para que se le dé una domiciliaria porque no estaba a derecho cuando se libró la orden de captura", señaló.

A su vez, Gutiérrez defendió la legalidad del proceso y afirmó que no hubo presiones ni aprietes a los jueces. "Para eso está cada juez, tiene un superior o una cámara o el Superior Tribunal de Justicia que van revisando las decisiones", enfatizó. Además, mencionó que la jueza Pereyra no había dado vista al fiscal de la causa para que este pudiera oponerse a la detención domiciliaria, lo que consideró una nulidad de procedimiento.

"Había nulidades de procedimiento como así también cuestiones que tenían que ver con los antecedentes de corrupción que ya han sido denunciados desde un principio de la gestión actual,"concluyó Gutiérrez.