Los casos judiciales del año: veredictos históricos y preguntas sin respuestas

365 DÍAS SIN LOAN, 1 AÑO SIN RESPUESTAS  

A un año exacto de la desaparición de Loan Danilo Peña, el expediente judicial que rodea al caso marca un dibujo más claro de quiénes están bajo la lupa, aunque sin respuestas sobre el paradero del niño. Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de 9 de Julio, Corrientes, en medio de un almuerzo familiar; desde entonces no hay rastros confiables de su destino. La Justicia federal elevó a juicio oral la causa por sustracción y ocultamiento de menor, con siete personas imputadas y detenidas: entre ellos Laudelina Peña (tía de Loan), Antonio Benítez (pareja de Laudelina), Daniel "Fierrito" Ramírez y su esposa Mónica Millapi, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, más el excomisario Walter Adrián Maciel, acusado como partícipe necesario del delito.

Durante 2025, la causa siguió acumulando medidas probatorias y hubo novedades procesales y nuevos operativos de búsqueda sin resultados concretos. La querella de la familia volvió a pedir el aumento de la recompensa y la actualización del rostro de Loan mediante técnicas forenses de envejecimiento para incentivar aportes útiles a la investigación, además de incorporar esos datos a sistemas de alerta nacionales e internacionales. La Cámara Federal también programó audiencias para depurar la extensa lista de testigos y acercar la causa al juicio oral previsto para 2026. A un año de la desaparición, la Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación —incluyendo la posibilidad de un plan premeditado entre los acusados— pero persiste la incertidumbre sobre el motivo del hecho y el destino final del

CECILIA DOS AÑOS DESPUÉS, SE HIZO JUSTICIA Y LO VIVISTE POR CANAL 9

Dos años después de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, el caso cerró 2025 con un veredicto histórico que marcó un antes y un después en la justicia chaqueña. El 15 de noviembre, tras semanas de debate y una deliberación unánime, un jurado popular declaró culpables a César Sena como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y la violencia de género, y a Marcela Acuña y Emerenciano Sena como partícipes primarios. También fueron condenados por encubrimiento Fabiana González y Gustavo Obregón, mientras que Gustavo Melgarejo resultó culpable de encubrimiento simple y Griselda Reynoso fue absuelta. El fallo coronó una causa compleja, sin cuerpo y sostenida casi íntegramente en prueba técnica, reconstrucciones, cámaras y peritajes, con una provincia en vilo y una fuerte presencia social en cada instancia clave del juicio. 

El tramo final del año estuvo dominado por la etapa de cesura y la disputa jurídica sobre las penas. Con las audiencias concluidas, la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia fijó para el 10 de febrero de 2026 la lectura de las sentencias. Al hacer balance del proceso, la fiscal Nelia Velázquez afirmó que el veredicto fue "el resultado esperado" tras una investigación extensa y compleja, y remarcó que ese paso final representa "el cierre de la justicia para Cecilia", en una causa que atravesó a toda la provincia y se transformó en uno de los juicios más relevantes de la historia argentina. 

MEDINA CONDENADO A 25 AÑOS DE PRISIÓN 

El "Tiroteo de San Cosme" atravesó en 2025 su capítulo decisivo y cerró un proceso judicial que mantuvo en vilo a Corrientes desde abril del año anterior. El juicio oral contra Osvaldo David Medina,  Osvaldo David Medina ex policía detenido desde el día del hecho, avanzó hacia su desenlace tras semanas de audiencias en las que se reconstruyó la secuencia del 13 de abril de 2024: el ingreso a la vivienda de San Cosme, los disparos con arma reglamentaria, la muerte de Alfredo Javier Armando Molina, hijo del entonces jefe de la Policía provincial, y las lesiones gravísimas sufridas por Bárbara Romero, que derivaron en una incapacidad permanente. El debate se concentró en dos posiciones irreconciliables: la acusación, que sostuvo la existencia de planificación y descartó cualquier atenuante, y la defensa, que insistió en la figura de emoción violenta. La declaración del propio Medina, extensa y detallada, marcó uno de los momentos más tensos del juicio y dejó al tribunal en condiciones de resolver.

El veredicto llegó a comienzos de diciembre y puso punto final a la etapa judicial más relevante del caso: Medina fue condenado a 25 años de prisión por el homicidio de Molina y la tentativa de femicidio de Romero. Tras la sentencia, el impacto se trasladó al plano público y familiar, con reacciones cruzadas y lecturas opuestas del fallo. En ese contexto, habló Rubén Medina, comisario mayor retirado y padre del condenado, quien respaldó la decisión judicial y cerró el año con una definición que sintetizó su postura frente a la tragedia: "Mi hijo está condenado correctamente".

PRISIÓN PARA BARRAZA POR FRAUDE AL ESTADO 

El caso que involucró al piquetero Carlos Iván Barraza expuso un entramado de corrupción y fraude a la administración pública sostenido entre 2022 y 2023, cuando el dirigente social, en su doble rol dentro del Movimiento Trabajadores y Humildes y como funcionario jerárquico de SAMEEP, recibió más de 100 millones de pesos provenientes de distintos programas del IAFEP y otros organismos estatales. Los fondos estaban destinados a obras sociales, infraestructura, limpieza urbana y viviendas para sectores vulnerables, pero la Fiscalía sostuvo que gran parte de esas prestaciones nunca se ejecutaron ni fueron debidamente acreditadas. El juicio reunió decenas de testimonios, documentación contable, pericias y secuestros de bienes que permitieron reconstruir un esquema de uso discrecional de recursos públicos y de personal estatal.

El 5 de diciembre de 2025, la Cámara del Crimen de Resistencia dictó sentencia y condenó a Carlos Iván Barraza a diez años de prisión efectiva por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios, además de imponerle la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo no solo cerró el proceso principal, sino que abrió una nueva etapa: el tribunal ordenó investigar a exfuncionarios provinciales, autoridades del IAFEP, responsables del IPDUV y directivos de SAMEEP por posibles responsabilidades penales, omisiones de control y nuevas irregularidades. También dispuso el decomiso definitivo de bienes y la recuperación de fondos para el Estado, dejando como saldo judicial de 2025 una condena firme y un abanico de investigaciones aún en curso.