El Gobierno suspendió las nuevas contrataciones en el sector público nacional
La medida fue oficializada mediante un decreto y forma parte del plan de reestructuración estatal. El Ejecutivo habilitó un sistema de reemplazos controlados y prorrogó restricciones vigentes hasta 2026.

El Gobierno nacional dispuso la suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional. La decisión fue formalizada mediante el decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este jueves, y se enmarca en el proceso de reestructuración del Estado impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con el objetivo de ordenar la planta de empleados y reducir el gasto público.
La medida alcanza a los organismos y entidades comprendidas dentro del Sector Público Nacional, e implica la prohibición de realizar incorporaciones bajo cualquier modalidad, ya sea en plantas transitorias, contratos a plazo fijo, tiempo parcial, contratos eventuales o prestaciones de servicios profesionales. También quedan comprendidas las designaciones transitorias en planta permanente y cualquier forma de contratación, tanto con relación de dependencia como sin ella. De esta manera, el decreto deja sin efecto la posibilidad de sumar personal por fuera de las excepciones previstas.


El texto establece una serie de sectores excluidos de la restricción, entre ellos la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad —con excepción de su personal civil—, así como profesionales destinados a hospitales, centros de salud e institutos de investigación. También se permite la incorporación de personal en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el cuerpo de guardaparques nacionales. Además, se habilitó un esquema de reemplazo controlado que autoriza una incorporación por cada dos bajas producidas a partir de 2026, siempre que no se trate de retiros voluntarios ni acuerdos de salida, y sujeto a autorización previa. El decreto mantiene la vigencia de restricciones anteriores hasta fines de 2026, garantiza el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad y extiende la política de racionalización a empresas y fondos fiduciarios con participación estatal mayoritaria.
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