La justicia investiga a un vicealmirante por ordenar destruir archivos militares

La justicia federal investiga al vicealmirante Juan Carlos Coré, director general del Estado Mayor de la Armada, por una orden interna emitida en enero que instruía el traslado del Archivo General de la Armada y la posterior trituración de documentación. La maniobra quedó expuesta cuando archivistas y organismos vinculados a derechos humanos alertaron que entre esos papeles podría haber material relevante para causas de lesa humanidad. A partir de ese aviso, distintas fiscalías y juzgados del país dictaron medidas para frenar tanto la mudanza como la eliminación de los documentos.

La denuncia presentada por el fiscal Félix Crous sostiene que la instrucción violaba normativas internas y podía constituir un intento de destruir pruebas. El caso fue tomado por el fiscal Ramiro González y quedó radicado en el juzgado federal de Daniel Rafecas, que concentra algunos de los expedientes más voluminosos sobre crímenes del terrorismo de Estado. La Armada, inicialmente, negó haber emitido la orden, pero luego remitió al tribunal la documentación que confirma que Coré firmó el mensaje naval reservado del 8 de enero.

El episodio se suma a una serie de decisiones del Poder Ejecutivo que, durante el último año, modificaron o desarticularon equipos especializados en el acceso, preservación y análisis de archivos militares. Entre ellas figuran la eliminación de áreas que cooperaban con la investigación de apropiaciones de niños, la disolución de grupos de trabajo dedicados al relevamiento documental y la degradación institucional del Archivo Nacional de la Memoria. Para los fiscales, ese contexto refuerza la hipótesis de una acción concertada orientada a limitar el acceso a información sensible.

La Armada arrastra además antecedentes históricos de destrucción de registros, incluyendo la actividad de la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales, que en los años ochenta eliminó material vinculado al funcionamiento del grupo de tareas de la ESMA. A ese legado se suman casos detectados en democracia, como la adulteración de legajos de oficiales involucrados en crímenes del terrorismo de Estado. La nueva investigación reabre el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la preservación de archivos y sobre los controles institucionales necesarios para garantizar que la documentación vinculada a delitos de lesa humanidad no sea alterada ni eliminada.