A 50 años del golpe, el Gobierno insiste con una falsa equivalencia sobre los años ’70

Un video oficial para reabrir una discusión ya saldada por la historia y la Justicia

En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno nacional volvió a intervenir en el debate público con un video difundido por la Casa Rosada bajo la consigna de "memoria completa". Lejos de tratarse de una apelación plural a la verdad histórica, el mensaje oficial vuelve a apoyarse en una operación conocida: relativizar el terrorismo de Estado mediante una comparación forzada con la violencia ejercida por organizaciones armadas en los años previos al golpe. El resultado no es una memoria más amplia, sino que responde a un relato sesgado que desplaza el centro del problema y vuelve a discutir hechos que ya fueron acreditados por la CONADEP, por el Juicio a las Juntas y por décadas de sentencias judiciales.

La falacia central de esa construcción consiste en presentar dos violencias (ver teoría de los dos demonios) como si fueran equiparables. Lo cierto es que no lo son. No lo son cuantitativamente, porque incluso tomando las estimaciones más altas que suelen citar los sectores que reivindican a las víctimas de las organizaciones armadas, la distancia con la magnitud del aparato represivo estatal es abismal. Y no lo son cualitativamente, porque una cosa es la violencia política y otra, radicalmente distinta, es el accionar clandestino, sistemático y planificado del Estado, que secuestró, torturó, violó, asesinó, desapareció personas, robó bebés y destruyó pruebas para garantizar la impunidad.

Los números que desarman la falsa equivalencia

La propia CONADEP dejó asentado en 1984 que, hasta la presentación de su informe, había 8.960 personas en situación de desaparición forzada registradas, y aclaró expresamente que no se trataba de una cifra definitiva porque había numerosos casos no denunciados. Con el tiempo, la cifra de 30.000 desaparecidos se consolidó como estimación histórica y bandera política de los organismos de derechos humanos, en un contexto en el que los propios perpetradores destruyeron documentación y ocultaron el destino de las víctimas. A la vez, hoy están reconocidos oficialmente más de 800 centros clandestinos de detención, un dato por sí solo incompatible con cualquier intento de minimizar la escala del horror.

Pero el problema no es solo de cantidad. El punto decisivo es otro: el terrorismo de Estado no fueron "excesos" (como supo declarar Javier Milei), sino que se trató de un método. La CONADEP fue categórica al afirmar que no se persiguió únicamente a quienes integraban organizaciones armadas, sino también a obreros, estudiantes, empleados, docentes, periodistas, profesionales, artistas, religiosos y familiares de personas perseguidas. Es decir, la represión no se limitó a una supuesta "guerra", sino que buscó disciplinar a la sociedad entera y destruir toda forma de organización política, social, sindical, cultural e intelectual considerada peligrosa.

¿Dos demonios?

La teoría de la "memoria completa" intenta reponer, con otro nombre, una vieja matriz de interpretación: la de los "dos demonios". Sin embargo, esa lectura se derrumba frente a un dato básico del derecho y de la historia: el Estado no puede ser pensado como un actor más en una disputa entre partes. Tiene el monopolio de la fuerza, el control territorial, el aparato de inteligencia, la cadena de mandos, la burocracia y la obligación institucional de actuar dentro de la ley. Cuando ese Estado decide secuestrar personas, mantenerlas en centros clandestinos, torturarlas, asesinarlas y hacer desaparecer sus cuerpos, ya no estamos ante violencia política a secas: estamos ante crímenes de lesa humanidad.

Por eso la comparación que propone el discurso oficial no resiste análisis serio. Las organizaciones armadas cometieron secuestros, atentados y asesinatos, hechos graves que fueron y deben ser condenados. Pero el terrorismo de Estado fue otra cosa: un dispositivo sistemático sostenido desde el aparato estatal, con zonas militares, cadenas de mando, inteligencia, ocultamiento de cuerpos, apropiación de niños y aniquilamiento de opositores reales o supuestos. Incluso la apropiación de bebés no fue una suma de casos aislados: la Justicia argentina acreditó la existencia de un plan sistemático de apropiación de niños, uno de los rasgos más atroces de la dictadura.

El uso político del caso Larrabure

Uno de los ejes elegidos por el video oficial vuelve a ser el caso de Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP en 1974 y hallado muerto en 1975. Se trata de un hecho real, grave y doloroso, que forma parte de la violencia política previa al golpe. Pero una vez más, el problema aparece cuando ese crimen es utilizado para forzar una equivalencia con los delitos de la dictadura o para presentarlo como prueba de que existió una guerra entre dos bandos equiparables.

La propia Justicia frustró ese intento. En 2018, la Cámara Federal de Rosario resolvió que la muerte de Larrabure no configuraba un crimen de lesa humanidad y archivó la causa bajo esa calificación. El fallo fue claro al señalar que no se acreditó colaboración, apoyo o tolerancia del Estado con el accionar del ERP, condición necesaria para discutir la imprescriptibilidad bajo esa figura. Eso no borra la gravedad del hecho, pero sí impide usarlo como llave para instalar una simetría jurídica e histórica que no existe.

La disputa por la cifra no cambia la naturaleza del crimen

Otro recurso recurrente del revisionismo oficial consiste en concentrar toda la discusión en la cifra de 30.000 desaparecidos, como si de ese número dependiera la legitimidad del proceso de memoria, verdad y justicia. Pero esa discusión también es engañosa. La CONADEP registró 8.960 casos y advirtió que la nómina estaba abierta; la destrucción de documentos, el miedo de las familias y el paso del tiempo impidieron cerrar definitivamente ese universo. La cifra de 30.000 surgió como reconstrucción histórica y como emblema político de una ausencia masiva cuya dimensión exacta fue deliberadamente borrada por los propios represores.

Discutir la cifra para relativizar el crimen es, en sí mismo, un desvío. Aun si alguien se quedara con el número más bajo documentado por la CONADEP, seguiría hablando de miles de desapariciones forzadas, de una red de cientos de centros clandestinos, de partos en cautiverio, de bebés apropiados y de una represión ilegal extendida en todo el país. No hay ninguna aritmética posible que vuelva eso aceptable, ni mucho menos comparable con un puñado de casos seleccionados para sostener una narrativa estatal contemporánea.

Juicios, condenas y el verdadero sentido de la justicia

La acusación de "revanchismo" que suele acompañar esta línea argumental tampoco se sostiene. Lo que ocurrió en la Argentina desde la reapertura de los juicios no fue venganza: fue justicia. Después de años de impunidad garantizada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y luego por los indultos, el Estado democrático volvió a juzgar a los responsables de los crímenes más graves cometidos por la dictadura. Hasta marzo de 2026, los tribunales del país dictaron 361 sentencias y condenaron a 1.231 personas por delitos de lesa humanidad.

Ese dato importa porque demuestra que la memoria Argentina se construyó tanto en el terreno judicial como en el simbólico.No se trata de una consigna vacía ni de una "versión" impuesta desde un gobierno determinado. Se trata de un proceso de investigación, prueba, testimonios, peritajes y sentencias que acreditó la existencia de un plan sistemático de represión ilegal. Frente a esa acumulación histórica y jurídica, el video oficial no aporta complejidad: aporta relativización.

Una "memoria completa" que ignora la verdad

La mayor paradoja del mensaje difundido por la Casa Rosada es que invoca una memoria "completa" mientras recorta lo central. Porque en el aniversario número 50 del golpe, el Estado nacional eligió no poner el foco en sus propias responsabilidades históricas, ni en las desapariciones forzadas, ni en la tortura, ni en la apropiación de niños, ni en la existencia de centros clandestinos, ni en la censura, ni en la persecución a militantes sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y políticos. Eligió, en cambio, volver a una narrativa que pone en discusión el consenso democrático construido en torno al Nunca Más.

La discusión de fondo, entonces, no es si deben recordarse todas las víctimas de la violencia política. Claro que sí. La cuestión es otra: si puede utilizarse ese recuerdo para atenuar, justificar o diluir la responsabilidad del Estado en el mayor aparato criminal de la historia argentina reciente. Y la respuesta es no. No por capricho ideológico, sino porque así lo sostienen la evidencia histórica, la CONADEP, las sentencias judiciales y el propio proceso democrático argentino. A 50 años del golpe, la llamada "memoria completa" no aparece como un camino hacia una verdad más amplia, sino como una forma de desordenar la verdad ya probada.