"Vinos de la Muerte": los tristemente célebres casos del vino Mansero y Soy Cuyano

En febrero de 1993, una tragedia sin precedentes sacudió a la Argentina: 29 personas murieron y decenas quedaron con secuelas irreversibles tras consumir vino adulterado con alcohol metílico, más conocido como alcohol de quemar. Los productos, comercializados bajo las marcas Soy Cuyano y Mansero, eran elaborados por la bodega sanjuanina Nietos de Gonzalo Torraga S.A., propiedad de Mario Arnoldo Torraga. Lo que comenzó como una serie de muertes aisladas en el conurbano bonaerense y el interior del país terminó convirtiéndose en una de las peores intoxicaciones masivas de la historia argentina.

El mecanismo de la maniobra era brutal en su simpleza: para "estirar" el vino y abaratar costos, los responsables agregaban agua y luego alcohol metílico para mantener la graduación alcohólica exigida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Esa mezcla letal fue distribuida en damajuanas de cinco litros, muy populares entre familias trabajadoras. En pocos días, los hospitales comenzaron a registrar cuadros de intoxicación aguda, ceguera y muertes. El escándalo llegó a tal punto que el entonces presidente Carlos Menem ordenó la clausura inmediata de la bodega.

Durante el juicio oral de 1996, se comprobó que Torraga, su hijo Guillermo, el enólogo Armando Ribes y otros empleados conocían la adulteración. También se determinó que tres funcionarios del INV fueron cómplices por omisión, al permitir que el producto circulara sin los controles adecuados. El tribunal condenó a Mario Torraga a 15 años de prisión, a Ribes a 10, y a otros miembros de la empresa con penas menores. En 2010, la Cámara Federal de La Plata ratificó la responsabilidad civil del INV, señalando que el organismo "no adoptó las medidas de atención, vigilancia y prevención que la naturaleza de sus funciones le exigen".

El impacto social fue devastador. En barrios populares y zonas rurales, el consumo de vino en damajuana era una costumbre arraigada. Tras el escándalo, ese hábito desapareció casi por completo, reemplazado por el temor y la desconfianza. La tragedia también alteró la percepción pública de la industria vitivinícola, que desde entonces debió reconstruir su reputación bajo estrictos controles de calidad y trazabilidad. El vino barato, que hasta entonces había sido símbolo de encuentro y tradición, se convirtió en sinónimo de peligro.

Desregulación en la vitivinicultura: Mendoza y San Juan advierten riesgos en la trazabilidad del vino argentino | Noticiero 9

Tres décadas después, el recuerdo del caso Torraga vuelve a cobrar fuerza en un contexto político en el que el Gobierno nacional impulsa una desregulación profunda del sector vitivinícola. Con la Resolución 37/2025, el ministro Federico Sturzenegger eliminó casi un millar de normas históricas del INV, reduciendo el control estatal y haciendo optativa la certificación de origen y calidad. Mendoza y San Juan —las provincias más productoras— alertaron sobre los riesgos de perder la trazabilidad y permitir que el mercado se autorregule, sin una supervisión efectiva.

El caso de Soy Cuyano y Mansero demuestra que la falta de control puede costar vidas. Cuando el Estado se retira de su función de fiscalizar, abre la puerta a la impunidad empresarial y a tragedias evitables. La historia del vino adulterado no solo pertenece al pasado: es un recordatorio de lo que ocurre cuando la rentabilidad se impone sobre la seguridad y la salud pública. En un país que ya aprendió con sangre la importancia del control sanitario, la desregulación que promueve Sturzenegger representa un paso peligroso hacia atrás, y un insulto a la memoria de aquellas 29 víctimas que pagaron con su vida el precio de la negligencia.