Desregulación en la vitivinicultura: Mendoza y San Juan advierten riesgos en la trazabilidad del vino argentino

Una fuerte polémica se desató en la industria vitivinícola tras la publicación de la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que elimina casi un millar de normas históricas y redefine por completo su rol. A partir de ahora, el organismo dejará de fiscalizar las etapas productivas —como la cosecha, elaboración o transporte— para concentrarse únicamente en el control del vino embotellado. La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca reducir la burocracia y los costos de supervisión, pero encontró resistencia en las principales provincias productoras.

El nuevo esquema implica que los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores. Esto preocupa a los gobiernos de Mendoza y San Juan, que advierten sobre el riesgo de que se pierda el control del origen de las uvas, afectando la calidad y el valor del vino argentino en el mercado. "No es lo mismo un Malbec de Gualtallary que de una zona menos cotizada", señaló Rodolfo Vargas Arizu, ministro de la Producción de Mendoza, quien coincidió en que parte de la desregulación era necesaria, pero que la eliminación de la trazabilidad pone en riesgo la reputación del producto.

Desde San Juan, su par Gustavo Fernández celebró que finalmente no se habilitara la llamada fermentación diferida, un mecanismo que habría permitido guardar el mosto para elaborarlo tiempo después. Según explicó, esa práctica podría haber alterado la oferta y los precios del vino a nivel nacional. "El vino tiene su sello de calidad y genuinidad, y eso ha permitido su reconocimiento internacional", expresó el funcionario, remarcando que la fiscalización debe mantenerse para proteger la identidad de cada región productora.

El ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma, defendió la decisión asegurando que "se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud del producto final". Según detalló, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos y realizó más de 5.000 inspecciones, "en algunos casos visitando una misma bodega cada dos días". Sturzenegger consideró que la mayoría de las bodegas cumple con las normas y que la nueva política reducirá oportunidades de corrupción y discrecionalidad.

La resolución fue celebrada por parte del sector empresario. Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, reconoció que el cambio simplificará la gestión y reducirá los costos administrativos, aunque advirtió que el control final debería realizarse también en las bodegas y no solo en los puntos de venta. A su vez, Alberto Arizu, de Luigi Bosca, consideró que "es un paso importante para modernizar la industria y mejorar la competitividad", siempre que se mantenga el compromiso con la calidad que distingue al vino argentino en el mundo.

Con esta decisión, el Gobierno busca liberar la producción y dejar en manos del mercado el control de los orígenes y denominaciones. Sin embargo, para las provincias, el cambio podría alterar la estructura de una actividad que involucra a 200.000 hectáreas de viñedos y genera exportaciones por 800 millones de dólares anuales. En el fondo, la disputa refleja dos visiones opuestas sobre el futuro del vino argentino: una que apuesta a la libertad de mercado y otra que defiende el control de calidad como sello de identidad nacional.