La Embajada rusa negó espionaje y cuestionó al gobierno por "falta de pruebas"

La Embajada de la Federación de Rusia en la Argentina rechazó las afirmaciones del Ministerio de Seguridad que vinculaban a "espías rusos" con la filtración de audios atribuidos a Karina Milei. En un comunicado, la representación diplomática sostuvo que "no se ha aportado ninguna prueba al respecto", calificó las acusaciones como "infundadas y falsas" y remarcó que "el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo". La declaración se difundió tras los dichos de la ministra Patricia Bullrich, quien había señalado que personas ligadas a servicios de inteligencia extranjeros habrían intervenido en la grabación de conversaciones dentro de Casa Rosada.

El pronunciamiento se produjo en un escenario político convulsionado por el escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el consecuente impacto en la Casa Rosada. En ese marco, el presidente Javier Milei afirmó en la red X que existe "una red de espionaje ilegal" y cuestionó a los periodistas que difundieron los audios al indicar que "se disfrazan de ‘periodistas’ para desviar la atención del tema real". Minutos antes, el titular de la Cámara de Diputados había sugerido que, de ser auténtico, el registro sonoro habría sido obtenido de forma ilegal en dependencias del Congreso, lo que añadió tensión institucional al episodio.

Desde la Embajada, además, buscaron encuadrar la disputa en el plano bilateral: señalaron que Rusia "aboga constantemente por una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina" y recordaron que en octubre se cumplen 140 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. En esa línea, pidieron no someter el vínculo a "historias de espionaje ficticias" y reivindicaron la "sólida amistad" entre ambos pueblos, colocando el foco en el costo que suponen, a su juicio, las acusaciones sin sustento para la relación entre Estados.

El cruce por los audios y las acusaciones de espionaje abre frentes políticos y judiciales simultáneos. Por un lado, el Gobierno sostiene la hipótesis de un entramado clandestino que operaría contra la administración; por el otro, la representación rusa demanda pruebas o rectificaciones públicas. En el medio, la discusión sobre libertades de prensa, legalidad de las grabaciones y responsabilidad institucional continúa escalando, con derivaciones que exceden el caso puntual y tensan la agenda nacional en plena temporada preelectoral.