Confirman el procesamiento de tres gendarmes por coimas, pero ordenan su liberación

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento de tres gendarmes acusados de cobrar coimas para dejar pasar sin controles mercadería y pasajeros por el puesto vial "Lapachito", sobre la Ruta Nacional 11, en el acceso a La Leonesa. Sin embargo, el tribunal revocó la prisión preventiva de los tres y ordenó que recuperen la libertad bajo reglas de conducta.

Los uniformados, identificados como J. A. A., J. R. A. y E. M. I., siguen procesados por asociación ilícita, cohecho y abuso de autoridad. En la misma resolución, la Cámara confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de F. J. Z., un comerciante que vende comida sobre la ruta.

Qué se investiga

La causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre marzo y julio de 2025 los tres sargentos del Escuadrón 14 "Las Palmas" de Gendarmería Nacional omitieron de manera sistemática los controles viales y aduaneros sobre los vehículos de los llamados "tours de compras", que traían mercadería desde Formosa. A cambio, habrían recibido dinero mediante transferencias a billeteras virtuales y cuentas bancarias enviadas por las coordinadoras de esos viajes.

El juez de primera instancia señaló a J. A. A. como jefe del grupo, porque centralizaba la mayor parte de lo recaudado y manejaba el contacto con las coordinadoras. Entre los datos que tuvo en cuenta figura una serie de transferencias por 650.000 pesos en apenas 40 horas, en mayo de 2025, mientras el gendarme estaba de servicio. A los otros dos les atribuyó pagos de 100.000 y 150.000 pesos que coincidían con jornadas en las que sus patrullas estaban operativas. Al comerciante lo ubicó como nexo y receptor de fondos, con movimientos que superaron los 18 millones de pesos, que el magistrado consideró incompatibles con la actividad que declaró.

Lo que plantearon las defensas

Las cuatro defensas apelaron. Coincidieron en que los procesamientos se apoyaban en transferencias que, por sí solas, no prueban un acuerdo corrupto. La de J. A. A. sostuvo que no se acreditó su rol de jefe y que las coordinadoras explicaron los pagos como cambio de efectivo o compras de mercadería. La de J. R. A. marcó que una de las transferencias es anterior al período que fijó la fiscalía.

La defensa de E. M. I. cuestionó el peso que se le dio a una frase de un chat, "hacelo sangrar", y consideró desproporcionado un embargo de 10 millones de pesos, cuando las transferencias que se le atribuyen suman 1,4 millones. La del comerciante afirmó que es un civil ajeno a la fuerza, que vende sándwiches en la ruta desde hace 26 años y que los pagos corresponden a esa actividad.

Procesamientos firmes, con advertencias

El tribunal, integrado por las juezas Patricia Beatriz García, Rocío Alcalá y María Virginia Ise, rechazó los planteos y recordó que en esta etapa no se exige certeza, sino un grado de probabilidad. Consideró que la coincidencia entre las transferencias y los turnos de servicio, junto con los testimonios y las pericias, permite inferir de forma provisoria una estructura estable orientada a eludir los controles.

Aun así, la Cámara hizo varias aclaraciones. Dijo que pertenecer a la fuerza o recibir transferencias no alcanza por sí solo para atribuir responsabilidad, y que las explicaciones de las coordinadoras deben evaluarse sin invertir la carga de la prueba. Admitió que la transferencia anterior al período imputado no prueba por sí misma la pertenencia a la asociación, aunque puede valorarse con otros elementos. También señaló que los pagos recibidos por la pareja de uno de los imputados no permiten presumir una maniobra ilícita sin analizar el origen de los fondos.

Con el comerciante fue especialmente cuidadosa: al no ser funcionario y estar acusado solo de asociación ilícita, debe explicitarse su vínculo con el supuesto plan, sin convertir la falta de justificación de sus ingresos en una presunción de culpabilidad. De todos modos, entendió que los montos y los destinatarios de sus movimientos sostienen, por ahora, el procesamiento.

Por qué dejan la prisión

El cambio de fondo estuvo en las medidas de coerción. En julio, la Cámara había confirmado las detenciones de J. A. A. y J. R. A., entre otras razones por el riesgo de que entorpecieran la investigación. Ahora consideró que ese escenario cambió: las pruebas pendientes ya se produjeron, los testigos declararon, los imputados ya no cumplen funciones en Gendarmería, tienen arraigo, no registran antecedentes y están detenidos desde junio de este año. Con base en estándares de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que la prisión preventiva puede reemplazarse por medidas menos gravosas.

En el caso de E. M. I., que cumplía la preventiva en su casa por la situación de salud de su hijo menor, el tribunal dispuso el cese de la medida. Su permanencia en el domicilio solo podrá fijarse como regla de conducta, con los alcances que defina el juez de origen según las necesidades de asistencia del niño.

Las condiciones

Los tres recuperarán la libertad siempre que no tengan otra orden de detención vigente, algo que deberá verificar el juzgado. Deberán presentarse periódicamente ante la Justicia, no salir del ámbito territorial sin autorización, entregar sus documentos de viaje, no comunicarse con personas vinculadas a la causa y prestar caución juratoria.

En cuanto al embargo de 10 millones de pesos, la Cámara lo consideró razonable porque no depende solo del monto de las transferencias, sino también de la magnitud de la maniobra y de la necesidad de garantizar un eventual decomiso.

La causa sigue en etapa de instrucción y los procesamientos no implican una condena. La valoración definitiva de la prueba quedará para un eventual juicio oral.