El extranjero que compró la tierra y la devolvió

La discusión volvió a explotar cuando Patricia Bullrich respondió a quienes cuestionaban la flexibilización de la Ley de Tierras recordando Lago Escondido, Benetton, Lázaro Báez, las operaciones inmobiliarias de Néstor Kirchner y hasta las 3.600 hectáreas fiscales supuestamente entregadas irregularmente en Chaco a "amigos del poder", causa en la que Jorge Capitanich y Marta Soneira están procesados por la Justicia Federal. Capitanich anunció una querella contra Bullrich y el debate sobre soberanía terminó convertido en un escándalo político.

Pero hubo un caso que prácticamente no apareció en esa discusión y ocurrió mucho más cerca: en Corrientes.

A finales de los años 90, el multimillonario estadounidense Douglas Tompkins comenzó a comprar campos alrededor de los Esteros del Iberá. La desconfianza fue inmediata. ¿Para qué quería un extranjero semejante extensión de territorio en torno a uno de los sistemas de humedales y reservas de agua dulce más importantes de la región?

No estaba comprando solamente campos. Estaba adquiriendo territorio vinculado al agua, la fauna, la biodiversidad y uno de los ecosistemas más extraordinarios de la Argentina.

Durante años, Tompkins fue observado con sospecha por dirigentes, productores y sectores de la sociedad correntina. Para algunos era un conservacionista; para otros, un extranjero acumulando territorio estratégico.

El tiempo terminó dando una respuesta inesperada.

Tompkins no urbanizó esas tierras, no las subdividió, no explotó masivamente sus recursos y tampoco las revendió. Su organización comenzó a restaurar ambientes, recuperar especies desaparecidas y finalmente tomó una decisión excepcional: donarlas.

Las fundaciones vinculadas a Tompkins entregaron al Estado argentino 159.800 hectáreas destinadas a la creación del Parque Nacional Iberá. En diciembre de 2018, el Congreso creó formalmente el parque y esas propiedades privadas pasaron a formar parte del patrimonio público argentino. Sumadas a las tierras protegidas por Corrientes, conformaron un enorme corredor de más de 700.000 hectáreas.

La paradoja es extraordinaria: un extranjero compró tierra argentina y terminó devolviéndola al Estado.

El contraste con otros casos es inevitable. Joe Lewis adquirió miles de hectáreas alrededor de Lago Escondido y esas propiedades continúan siendo privadas, en medio de una larga controversia por el acceso público al lago.

Benetton, por su parte, adquirió en 1991 la Compañía de Tierras del Sud Argentino y pasó a controlar alrededor de 900.000 hectáreas en la Patagonia. No fueron tierras fiscales entregadas directamente por Carlos Saúl Menem, sino la "vista gorda" del riojano ante la compra de una empresa que ya las poseía. El resultado fue que uno de los mayores patrimonios rurales privados del país quedó bajo control extranjero.

La concentración tampoco reconoce nacionalidades. Durante el juicio de la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani sostuvo que Lázaro Báez llegó a acumular aproximadamente 415.000 hectáreas solamente en Santa Cruz.

Y Báez era argentino.

También aparece el conocido episodio de El Calafate. Néstor Kirchner adquirió unos 20.000 metros cuadrados de tierras fiscales municipales a aproximadamente $7,50 el metro cuadrado, por un total cercano a $150.000, y años después esas tierras fueron vendidas al grupo chileno Cencosud por alrededor de US$2,4 millones, una operación que alimentó la acusación política de una rentabilidad cercana al 1.500%.

La paradoja es que, después de aquellos negocios inmobiliarios, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó en 2011 la Ley 26.737, destinada precisamente a limitar la extranjerización de tierras rurales.

Por eso, la discusión sobre soberanía no puede reducirse a una división entre argentinos y extranjeros.

Un argentino puede concentrar cientos de miles de hectáreas y un extranjero puede, como Tompkins, adquirirlas, restaurarlas y finalmente entregarlas al Estado.

La pregunta verdaderamente importante es otra: qué tierra se compra, dónde está, qué recursos contiene y para qué será utilizada.

No es lo mismo comprar 10.000 hectáreas productivas que adquirirlas alrededor de un lago, encima de un yacimiento, sobre una reserva de agua o junto a una frontera.

Y ahí Corrientes tiene algo que enseñarle al país.

Tompkins utilizó capital privado para adquirir territorio, financiar conservación y recomponer ecosistemas. Después transfirió buena parte de esas tierras al Estado. Hoy ya no pertenecen a Tompkins, a sus herederos ni a una compañía estadounidense: forman parte de un Parque Nacional argentino.

Allí volvieron especies desaparecidas, con el yaguareté como símbolo, y el Iberá se transformó además en uno de los grandes polos de turismo de naturaleza del Nordeste argentino.

Por eso, mientras en el Senado vuelan nombres como Perón, Kirchner, Lewis, Benetton o Báez, el caso Tompkins rompe la lógica de los extremos.

No todo extranjero que compra tierra viene necesariamente a llevársela, ni todo propietario argentino garantiza soberanía.

El verdadero desafío es saber cuánto vale un territorio antes de venderlo. Porque una hectárea es una medida de superficie. Un territorio es agua, recursos, ambiente, frontera, producción y soberanía.

Y quizás esa sea la pregunta que falta en el debate:

¿Argentina quiere vender hectáreas o administrar territorio?

Douglas Tompkins compró tierra.

Pero terminó dejando territorio.