El nuevo estatuto orgánico de la PFA refuerza la represión y debilita las libertades

La nueva resolución firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 383/2025, reconfigura profundamente el accionar de la Policía Federal Argentina. El estatuto orgánico actualizado transforma a la fuerza en ejecutora directa de las políticas de "seguridad nacional", ampliando de forma alarmante sus funciones y otorgándole facultades para intervenir sin orden judicial, realizar espionaje, detener y requisar personas o vehículos a discreción. En lugar de proteger bienes y personas, la PFA será ahora un instrumento más del poder político, habilitado para actuar incluso fuera de los parámetros establecidos por la ley de inteligencia vigente.

Con este decreto, la Policía podrá recopilar datos de cualquier fuente, elaborar sus propias bases de información y actuar en la vía pública sin requerimientos judiciales. Se naturaliza así la posibilidad de allanar, detener o requisar en base a supuestas "flagrancias" definidas por la misma fuerza o por orden directa del Ejecutivo. La reforma pone en manos policiales tareas de investigación previas al inicio de una causa judicial, distorsionando el principio de separación de poderes y dejando a la ciudadanía expuesta a decisiones discrecionales sin garantías de debido proceso.

La resolución también avanza sobre el ámbito digital, habilitando el ciberpatrullaje sin orden judicial en redes sociales, páginas web y cualquier espacio público en línea. Esta práctica, ya extendida en los últimos meses, se legaliza ahora sin control judicial ni parlamentario, en abierta contradicción con las normas constitucionales que resguardan la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Asimismo, se autoriza el uso ostensible de armas de fuego "para asegurar la defensa oportuna", sin exigir proporcionalidad ni amenaza equivalente, lo que se alinea con el protocolo impuesto en diciembre de 2023 y refuerza la lógica del gatillo fácil.

Lejos de garantizar mayor seguridad, este nuevo marco institucional representa una regresión alarmante para las libertades democráticas en Argentina. El decreto de Bullrich no hace más que consolidar un modelo autoritario donde el poder policial se expande sin límites, se debilita el control judicial, y se criminaliza la protesta y la disidencia. En un contexto de creciente persecución social, las reformas impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza marcan un cambio de régimen que reduce derechos históricos, legaliza el abuso y blanquea la impunidad de las fuerzas de seguridad.