Proscripción a Cristina Kirchner: un fallo a medida del poder economico

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, clausurando de hecho su posibilidad de competir electoralmente. La decisión no se basó en un análisis del fondo del caso ni revisó las múltiples irregularidades del proceso, sino que fue emitida en tiempo récord, sin audiencias públicas ni argumentaciones jurídicas. Fue un fallo oportuno, funcional a la coyuntura y a los intereses del poder real, en el que los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti se limitaron a convalidar un expediente construido con pruebas no debatidas, peritajes ausentes y fiscales militantes. Cristina fue condenada, básicamente, porque "no podía no saber", una frase que sintetiza el abandono total del principio de inocencia.

La causa Vialidad es, desde su inicio, un emblema del lawfare criollo. Nació de una operación mediática montada sobre supuestas rutas "fantasma" en Santa Cruz, auditadas a las apuradas bajo órdenes políticas. La auditoría, que debía demorar al menos siete meses, se hizo en quince días. De las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez, solo se revisaron cinco, y en todas ellas se constató que las rutas existían. Cristina pidió auditar el resto, pero la Justicia se lo negó. En el juicio, uno de los auditores declaró que el procedimiento había sido apresurado e incompleto. La Fiscalía intentó que ese testimonio no se tenga en cuenta. A pesar de todo, la condena se mantuvo, sin que se probara jamás la figura de asociación ilícita. El Poder Judicial avanzó sin pruebas pero con convicción ideológica, incluso cuando otros fiscales como Guillermo Marijuan pidieron el sobreseimiento de la expresidenta en causas relacionadas.

La sentencia no solo muestra un Poder Judicial capturado, sino también una voluntad política de excluir a quien sigue siendo el obstáculo simbólico y popular más potente frente al avance del proyecto neoliberal. La Corte no explicó por qué mantuvo una condena basada en decretos legales considerados delitos, ni por qué ignoró que dos de sus integrantes fueron designados por decreto por Mauricio Macri, o que uno de ellos —Rosenkrantz— fue abogado de Clarín. El problema ya no es solo de legalidad, sino de legitimidad democrática. La independencia judicial se convierte en farsa cuando los vínculos entre jueces y gobiernos son tan explícitos como los fallos que dictan. El 2x1 para represores, los beneficios para empresas amigas y la persecución de figuras opositoras son parte de la misma matriz.

Cristina respondió sin violencia, pero con firmeza: no se retira, se organiza. Su proscripción busca sembrar miedo, desalentar la participación, consolidar un presente sin derechos y un futuro sin alternativas. Pero como toda proscripción en la historia argentina, puede convertirse en el inicio de una resistencia. Porque lo que se jugó en este fallo no fue solo la situación de una persona, sino el pacto básico que sostiene a una república: el del estado de derecho, el de las garantías, la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa. Cuando eso se pierde, la democracia se degrada. Y cuando el miedo es el objetivo, la respuesta, tarde o temprano, será política.