Entró en vigor la reforma migratoria: cambios en salud, educación y mayor facilidad para deportaciones

Desde esta madrugada rige en Argentina una nueva normativa migratoria, oficializada a través del decreto 366/2025 y publicada en el Boletín Oficial. El texto establece modificaciones sustanciales tanto en los requisitos de ingreso al país como en las condiciones para permanecer y acceder a servicios públicos. Entre los principales cambios se destacan nuevas exigencias para los residentes temporarios, así como un refuerzo del régimen de deportaciones, en línea con las declaraciones previas del presidente Javier Milei sobre la necesidad de una "reforma migratoria integral".

Uno de los aspectos más significativos se vincula al acceso a la educación. A partir de ahora, solo los niveles inicial, primario y secundario serán gratuitos y de libre acceso para inmigrantes temporarios, independientemente de su situación migratoria. En cambio, las universidades públicas podrán cobrar por sus servicios a quienes no cuenten con residencia permanente. No obstante, los estudiantes extranjeros tendrán la posibilidad de aplicar a becas otorgadas por instituciones locales o internacionales, aunque este beneficio no será automático.

El acceso al sistema de salud también fue restringido. Los extranjeros con residencia temporaria deberán contar con un seguro médico al momento de ingresar al país, requisito que será excluyente. La ausencia de cobertura será motivo suficiente para impedir el ingreso. Sin embargo, en situaciones de emergencia, todos los migrantes —sea cual fuere su estatus— seguirán teniendo derecho a recibir atención médica y asistencia social inmediata.

En relación con el proceso de naturalización, se introdujeron dos nuevas vías. Quienes acrediten una permanencia continua de al menos dos años y manifiesten formalmente su voluntad ante la Dirección Nacional de Migraciones podrán iniciar el trámite para obtener la ciudadanía. También se habilitó el acceso para quienes realicen inversiones relevantes, evaluadas caso por caso por el Ministerio de Economía, sin necesidad de cumplir un tiempo mínimo de residencia.

El nuevo régimen también endurece las condiciones para obtener y conservar la residencia permanente. Los extranjeros con antecedentes penales, condenas por delitos dolosos o vínculos con organizaciones criminales, así como aquellos que incumplan con los plazos legales de estadía o ingresen por pasos no habilitados, podrán ser expulsados del país. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá facultades para aplicar prohibiciones de ingreso de al menos cinco años, e incluso retirarle la residencia a quienes permanezcan fuera del país durante más de un año (en el caso de residentes permanentes) o seis meses (para residentes temporarios).